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PERÚ
Activistas perseguidos
03/04/2008
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Autoridades y miembros de sociedad civil que impulsaron consulta sobre minera son denunciados por “terrorismo”.

Como “una cacería de brujas” calificó Nicanor Alvarado, coordinador de la Oficina del Medio Ambiente del Vicariato San Francisco Javier de Jaén, en el norteño departamento peruano de Cajamarca, la denuncia presentada contra él y otras 27 personas que respaldaron la consulta vecinal realizada el 17 de setiembre del año pasado contra el proyecto de explotación cuprífera Río Blanco, en el vecino departamento de Piura, impulsado por la compañía Minera Majaz.

El 24 de marzo, la autodenominada Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas (ACFUCCSC) —donde se ubica el emporio minero— acusó de “terrorismo” a 28 personas, entre ellas alcaldes, autoridades comunales, activistas y defensores de los derechos humanos. Según los denunciantes, los implicados pertenecen a remanentes de los grupos subversivos Sendero Luminosos y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

Para Javier Jahncke, abogado de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), otro de los denunciados, “la acusación obedece al deseo de perseguir a todas las personas y autoridades que están preocupadas por las actividades que afectan al medio ambiente”, según dijo al diario La República.

Según FEDEPAZ, la ACFUCCSC, de reciente creación y que apoya la actividad minera, “está compuesto por personas que no forman parte de la comunidad campesina de Segunda y Cajas, y que no tienen ninguna representación de las organizaciones sociales locales”.

“Llama la atención que esta denuncia sea presentada en el contexto de una campaña emprendida por ciertos medios de prensa, empresas y por el propio gobierno, cuyo objetivo es crear la falsa idea de la existencia de una supuesta ‘Red Antisistema’ que estaría buscando desestabilizar al gobierno e impedir las inversiones mineras”, dice un comunicado de FEDEPAZ.

Pero esta no es la primera campaña en su contra que enfrentan los impulsores de la consulta vecinal. Un mes antes de su realización, el acto ciudadano fue declarado ilegal por el Jurado Nacional de Elecciones, el tribunal electoral peruano, y el presidente Alan García llamó “comunistas” y “enemigos de la inversión” a las organizaciones no gubernamentales que apoyaban la consulta.

Amenazas de muerte
La defensa del medio ambiente frente a poderosas mineras se ha vuelto un riesgo a la propia vida. A fines del 2006, el sacerdote católico Marco Arana, director del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), con sede en Cajamarca, fue objeto de un operativo de espionaje e intimidación por sus constantes denuncias por los daños ambientales causados por Yanacocha, que explota el más grande yacimiento aurífero de América Latina.

Jahncke y otros dirigentes sociales han recibido amenazas de muerte por defender a las comunidades en su derecho a decidir. Esto ha motivado la apertura de un proceso de investigación fiscal y hasta la intervención del relator especial de las Naciones Unidas para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos.

Mirtha Vásquez, de GRUFIDES, declaró a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) que llama la atención la celeridad con que la Fiscalía Procesal Penal de Piura tramitó la denuncia ante la Dirección Nacional contra el Terrorismo de la Policía.

“En este momento se está evidenciando una política de persecución contra las entidades y personas que defendemos el medio ambiente”, afirmó. “Nunca como ahora se había visto un gobierno tan represivo que está tratando de efectuar una persecución abierta, con el único objetivo de acallar las voces de las personas que están por la defensa del medio ambiente y dar todos los beneficios a las mineras”.

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) recordó que actualmente existe una investigación en curso contra Majaz —actualmente Río Blanco Copper S.A.— por no respetar los derechos de las comunidades, y recientemente el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería le aplicó una multa por incumplir compromisos asumidos en sus estudios ambientales y por daños al medio ambiente.

“Están buscando apresarnos, están buscando asesinarnos o están buscando desaparecernos”, dijo Alvarado a la CNR. “Yo aquí responsabilizo al gobierno central y a las mineras”. 
—Noticias Aliadas.


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