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ARGENTINA
Red de represores sigue actuando
Andrés Gaudin
27/03/2008
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Desaparecen autores y testigos de violaciones a derechos humanos.

Asesinatos, suicidios inducidos, secuestros, cientos de amenazas de muerte, ocultación de testigos y pruebas, son parte del arsenal que los sectores militares de ultra derecha, vinculados a la última dictadura argentina (1976-83), están desplegando para obstruir los juicios por violación a los derechos humanos y la comparecencia de declarantes que podrían sellar su suerte en los estrados judiciales.

A un año y medio de la desaparición de Jorge Julio López, testigo determinante en la condena a prisión perpetua del ex jefe policial Miguel Etchecolatz responsable de 20 campos de exterminio, el asesinato de un marino en una prisión de la Armada de Guerra, el sospechoso suicidio de un oficial en un hotel de la Fuerza Aérea y un aluvión de amenazas parecen mostrar que los violadores de los derechos humanos mantienen activa una poderosa estructura operativa.

“Lo que está ocurriendo es aterrador y hay que verlo en conjunto: en una prisión sacaban a pasear a un ex jefe policial, asesino, porque dicen que estaba deprimido; de López nunca se supo nada; la Armada envenenó a uno de los suyos, y ahora hay un ‘suicidio’ en un hotel militar. Al parecer, a esta gente no le hacen mella ni la democracia ni el discurso oficial”, dijo Claudio Pandolfi, abogado de las familias de dos víctimas de la represión policial.

Un aluvión de hechos registrados o conocidos en las últimas semanas es lo que preocupa a Pandolfi y a los organismos defensores de los derechos humanos, y ha puesto en estado de alerta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, titular de un gobierno que ha hecho de la defensa de los derechos humanos una cuestión de Estado.

Mensaje macabro
El 10 de diciembre del 2007 apareció muerto en su celda de un presidio militar el ex prefecto de guardacostas Héctor Febres, sindicado como uno de los más sádicos represores de los años de dictadura y figura central en el tráfico de niños nacidos en cautiverio. Lo habían envenenado con una dosis de cianuro. Ese día —y para muchos analistas fue un mensaje más que una casualidad— Fernández de Kirchner asumía la presidencia.

En más de una ocasión Febres había dicho a sus familiares que se sentía abandonado por sus compañeros de armas, lo que les hizo temer a éstos que, a la hora de testimoniar en la causa por la apropiación de bebés nacidos en cautiverio —debía hacerlo el 13 de diciembre, tres días después que apareciera muerto—, pudiera ventilar los nombres de otros oficiales implicados en ese y otros delitos.

“Por temor a la delación de muchos de sus pares, sus carceleros optaron por darle a Febres un tratamiento especial: no estaba alojado en una celda sino en un apartamento con cocina, teléfono celular, dos computadoras, televisor y videocasetera, y hay fotos que lo muestran veraneando, junto a su esposa, en una playa de la costa atlántica”, denunció la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Menos de tres meses después, el 25 de febrero, apareció muerto en un hotel de la Fuerza Aérea el teniente coronel del Ejército Paul Alberto Navone. Al igual que Febres, debía declarar ante un juez tres días después, también por una causa vinculada con el tráfico de bebés en un hospital militar del interior del país. La Justicia sigue investigando la causa de su muerte.

Suicidio inducido
“Todo hace pensar que se trató de un suicidio inducido, porque el ex agente de inteligencia podía comprometer a varios represores. Navone sabía mucho sobre el destino de los niños nacidos en ese hospital y la suerte que corrieron sus madres”, dijo Marina Barbagelata, la abogada que representa a la familia de Raquel Negro, una secuestrada que, se sabe por testimonios de otros presos que lograron recuperar la libertad, dio a luz mellizos varones en 1978.

“Yo me atrevo a dudar de las muertes por suicidio, a las Abuelas nos preocupa mucho que estas personas desaparezcan de este mundo sin poder hablar, y sugestivamente son muchos los militares que se están muriendo y que tienen una larga historia para contar, que saben sobre la suerte que corrieron nuestros hijos y nuestros nietos y pueden comprometer a quienes hoy son, justamente, sus supuestos carceleros”, dijo Carlotto.

La presidenta de las Abuelas se refería al ex prefecto Juan Antonio Azic, procesado por el secuestro de bebés, que intentó suicidarse con un disparo en la cabeza en julio del 2003 y se encuentra actualmente en un psiquiátrico; al coronel del Ejército Emilio Anadón, quien fue director del centro de exterminio La Perla, en la provincia de Córdoba, y fue hallado muerto de un tiro en la cabeza en setiembre del 2004 mientras cumplía arresto domiciliario.

En el caso de López se supo, recién a mediados de enero, que cinco días después de su desaparición la Policía interrumpió un procedimiento motivado por la denuncia de Buseta, pese a que los perros sabuesos estaban indicando una casa rodante donde días después se encontró ropa ensangrentada que pertenecería a alguno de sus asesinos. No se elaboró ningún acta, por lo que se desconoce quién dio la sorpresiva orden de suspender el operativo de búsqueda.

“Desde el secuestro de López hasta hoy, debemos contabilizar entre 250 y 300 amenazas de muerte a testigos que deben declarar en causas por delitos cometidos por los genocidas militares, a lo que deben sumarse muertes, ‘suicidios’ y casos de testigos que desaparecen como por arte de magia, todo lo cual indica que los represores están organizados y actúan coordinadamente”, advirtió Guillermo Germano, abogado experto en derechos humanos.


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