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PERÚ
Diálogo de sordos
Milagros Salazar
28/02/2008
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Comunicación entre empresas mineras y comunidades, una necesidad imperiosa.

Cabuyal es el pueblo más alejado de la provincia norteña de Ayabaca, en la frontera con Ecuador. En ese lugar sin luz ni agua potable del departamento de Piura, la empresa minera Majaz podría provocar un impacto social y ambiental con su proyecto de cobre y molibdeno Río Blanco.

Pero los habitantes de Cabuyal pese a estar cerca del enclave minero, están lejos de conocer los beneficios y riesgos potenciales de las actividades de su vecino.

Para acceder a la evaluación ambiental completa de los trabajos de exploración de Majaz, un poblador tendría que viajar más de 20 horas a pie, a caballo y en bus hasta llegar a las oficinas de la Dirección Regional de Minería en la ciudad de Piura.

Y de no encontrar el documento, el periplo terminaría prolongándose 14 horas más en bus rumbo a Lima para revisar los archivos del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En su informe del 2006 sobre el caso Majaz, la Defensoría del Pueblo detectó que la minera no cumplió cabalmente con poner a disposición del público la información, tal como le exige la ley.

El camino para intentar ser un poblador informado en una zona de actividad minera está lleno de tropiezos. Y, en consecuencia, las vías de comunicación entre las comunidades y las empresas están usualmente bloqueadas.

Expertos advierten que si las compañías buscaran formas efectivas de comunicarse con las comunidades que rodean sus proyectos para escuchar y considerar sus opiniones como parte del universo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), las mineras podrían contribuir a prevenir los conflictos socioambientales, cooperar con la gestión ambiental y promover los derechos de sus vecinos.

La clave de ser responsable
A primera vista, la RSE se entiende como el compromiso de las empresas de contribuir a la prosperidad dentro y fuera de sus dominios, mediante una adecuada relación con sus trabajadores, una correcta conducta tributaria, la protección del medio ambiente y acciones que impulsen el bienestar de la población que las rodea.

“La clave de la RSE es la forma en que la empresa se involucra en el desarrollo de la comunidad”, manifiesta Iván Lanegra, gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Junín, en el centro del país.

Entonces, dice Lanegra, cuando la compañía vincula sus actividades al futuro de estas poblaciones y no opera como una isla, “se toman las medidas para establecer buenas políticas de comunicación”.

Este proceso de acercamiento donde el Estado —gobierno central, regional y local— juega un rol neurálgico como fiscalizador y promotor, dependerá mucho del acceso y de la calidad de la información: si es transparente, confiable, si está disponible o ausente para que las comunidades pueden ejercer una participación ciudadana informada.

De por sí la naturaleza de la actividad minera impone un gran reto debido a que la Evaluación Ambiental (EA) —que la empresa muestra a las comunidades y al Estado para validar la etapa de exploración— y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para la explotación del mineral son documentos muy voluminosos y técnicos, que ni el más experto de los ambientalistas podría revisar a conciencia en el plazo que le otorga la ley para formular observaciones.

La versión modificada del EIA del proyecto Yanacocha Oeste —perteneciente a la aurífera más importante de América Latina, propiedad de la estadunidense Newmont y la peruana Buenaventura— en el norteño departamento de Cajamarca, contiene nada menos que ocho volúmenes y 5,098 páginas que deben ser revisadas en 30 días para que un poblador formule sus sugerencias, y en el caso de los EA, apenas en 20 días.

No obstante la complejidad del tema, el Estado optó en el 2007 por reducir el plazo de presentación de observaciones de los EA, de 25 a 20 días.

Para la comisionada de la Defensoría del Pueblo para los Servicios Públicos y Medio Ambiente, Alicia Abanto, esto alimenta la percepción de que para el Estado es irrelevante lo que piensan las comunidades, por lo que el proceso de validación social de estos proyectos se convierte “en un mero formalismo dentro del procedimiento administrativo”.

Normas gaseosas
En el Perú existen normas muy genéricas y débiles sobre el tema. La Ley General del Ambiente establece la adopción voluntaria de políticas de responsabilidad social empresarial en las zonas donde operan las compañías para mitigar o eliminar los impactos de sus operaciones, y el deber de las entidades gubernamentales de garantizar el acceso a la información ambiental y la participación ciudadana.

Tales principios se intentaron garantizar en diciembre del 2003 cuando el MEM ordenó a las mineras suscribir compromisos sociales de apoyo y diálogo con las comunidades de su entorno e incluso que anualmente informen al sector sus avances. Sin embargo la norma resulta ineficaz en el campo.

En el reglamento de consulta y participación ciudadana para la aprobación de los EIA se exige a las empresas la realización de talleres y audiencias para recoger las opiniones de los pobladores antes de la etapa de extracción de los minerales, pero no la incorporación de estas observaciones.

Como afirma el economista José De Echave, de CooperAcción, no se plantea la comunicación como un proceso de “ida y vuelta” que permita implementar las sugerencias para generar “relaciones de equilibrio”.

La relación efectiva que las mineras deben desarrollar con las comunidades ya no sólo es un acto de buena voluntad asociada a la ética, sino incluso resulta vital para las empresas en términos económicos porque podrían prevenir los conflictos y desentrampar sus proyectos.

Y en ese intento, la comunicación resulta ser la clave para que los alrededores de los yacimientos mineros dejen de ser un campo de Babel,
donde nadie entiende al otro.


Comunicación e información: vía bloqueada

• En el 2006, la organización no gubernamental Grufides detectó que la minera Yanacocha —la aurífera más grande de América Latina— copió tal cual dos informes de Evaluación Ambiental (EA) para la etapa de exploración minera de dos proyectos distintos, lo cual no garantiza la calidad de estos estudios técnicos y la veracidad de la información que según la ley deben estar a disposición de la población. Se trata del proyecto Yanacocha Oeste-Cuencas del Río Rejo y Río Porcón (Peizo) y de Yanacocha Zona Este Cuencas del Río Chonta y Quebrada Honda (Peyze), en el norteño departamento de Cajamarca.

• Los pobladores que rodean el proyecto Río Blanco, de la empresa minera Majaz, en las alturas de las provincias norteñas de Ayabaca y Huancabamba, se vieron obligados a viajar entre 15 a 20 horas desde sus caseríos hasta la ciudad de Piura para acceder al expediente de Evaluación Ambiental.

En la municipalidad más cercana al campamento minero sólo se dejó un resumen ejecutivo pese a que la ley exige que se debe dejar una copia del documento completo, informó la Defensoría del Pueblo.

• La empresa minera Doe Run impulsa campañas de salud y de información en que promueve la idea de que la contaminación por agentes tóxicos de la fundición que opera en el distrito de La Oroya, en la sierra central del Perú, puede enfrentarse con buena alimentación e higiene.

Pero las organizaciones ambientalistas de La Oroya advierten que con estas campañas la empresa evade su responsabilidad de reducir en forma significativa las emisiones nocivas de la planta metalúrgica.

Según varios estudios, más de 90% de los niños de La Oroya tienen niveles de plomo en la sangre superiores al límite permitido por la Organización Mundial de la Salud, de 10 microgramos por decilitro.


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Fundición contaminante de empr
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