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ARGENTINA / URUGUAY
Ex dictadores no escapan de la justicia
Pablo Waisberg
17/01/2008
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Argentino Jorge Rafael Videla y uruguayo Gregorio Álvarez enfrentan procesos por crímenes de lesa humanidad.

La justicia de Argentina y Uruguay avanza en procesos judiciales que demostrarán que entre las distintas dictaduras que hace tres décadas gobernaron los países sudamericanos existió un programa de colaboración sistemática para perseguir y asesinar opositores políticos sin respetar fronteras.

Se trata del Plan Cóndor, la coordinadora represiva de los años 70 y 80 integrada por las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Mientras en Argentina el ex dictador Jorge Rafael Videla (1976-81) y otros 16 represores serán sometidos a juicio oral, algo similar ocurre en Uruguay, donde el ex dictador Gregorio Álvarez (1981-85) y los ex militares Juan Carlos Lacebeau y Jorge Tróccoli están siendo procesados desde el 12 noviembre por la desaparición de varios ciudadanos uruguayos detenidos en Buenos Aires y trasladados a Montevideo.

El juez federal argentino Sergio Torres señaló el 28 de noviembre que Videla y otros ex militares integraron una “asociación ilícita agravada”, delito que prevé penas de entre cinco y 20 años de prisión.

El magistrado definió que “el Plan Cóndor resultó ser una vasta organización criminal que actuó en el Cono Sur, dirigida al secuestro ilegal de personas, su desaparición, muerte y/o tormento, sin importar los límites territoriales o nacionales de las víctimas”.

La resolución tomó en cuenta la información existente en el documento desclasificado del Departamento de Estado de EEUU, fechado 28 de setiembre de 1976, en el que se explica que “Operación Cóndor es un nombre clave para la recopilación y el intercambio sobre los llamados izquierdistas, comunistas o marxistas.

Fue recientemente establecida entre los servicios secretos de América del Sur… Además de Chile, sus miembros incluyen Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay”.

Esta política fue estimulada por EEUU, según indicaron organismos de derechos humanos.

Otros implicados
La medida del magistrado argentino alcanzó al ex ministro del Interior Eduardo Harguindeguy, al ex gobernador tucumano Antonio Bussi y al represor Cristino Nicolaides.

Incluye además a Luciano Benjamín Menéndez, Santiago Riveros, Eduardo De Lío, Carlos Caggiano Tedesco, Ramón Díaz Bessone, Antonio Vañek, Juan Pablo Saa, Carlos Tragant, Bernardo Menéndez, Jorge Carlos Olivera Rovere, Antonio Guañabens Perelló, Carlos Landoni y Ernesto Alais.

En la causa se investigaron más de 70 casos de desapariciones forzadas. Entre ellos se encuentra la desaparición de María Claudia Irureta Goyena, secuestrada junto a su esposo, Marcelo Gelman, hijo del poeta y periodista Juan Gelman. Ambos pasaron por Automotores Orletti, un centro clandestino de detención en Argentina.

Marcelo Gelman fue asesinado e Irureta continúa desaparecida. La hija de ambos fue dada en adopción a un policía uruguayo y ubicada por su abuelo en el 2000. Además, se investigan los asesinatos de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, muertos en Buenos Aires en 1976.

Organismos de derechos humanos estiman que en Uruguay desaparecieron 32 personas, y que al menos 150 uruguayos fueron capturados y asesinados en Argentina.

El juez Torres señaló que no es posible establecer con certeza durante qué periodo funcionó el Plan Cóndor, pero señaló que “puede sostenerse que comenzó a desarrollarse luego de la instalación en Chile de la dictadura de Augusto Pinochet [1973-90] en 1973 y que se extendió a lo largo del tiempo que duraron los gobiernos ‘de facto’ en América Latina”.

En tanto, el juez uruguayo Luis Charles investiga a Álvarez, Lacebeau y Tróccoli por los delitos de “desaparición forzada” de una treintena de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina, que fueron trasladados de forma clandestina a su país en 1978.

Se trata de una figura delictiva tomada de tratados internacionales e incluida a fin del año pasado en la legislación uruguaya. El delito tiene una pena de 25 años de cárcel y es considerado un delito permanente en tanto no se establezca el destino o paradero de la víctima.

Álvarez tiene un alto grado de responsabilidad debido a su calidad de alto mando militar. En 1978 fue nombrado comandante en jefe del Ejército y en 1981 fue designado presidente “de facto” de Uruguay.

Además, asumió su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos en el combate contra la “subversión” en una circular fechada en julio de 1978 que lleva su firma.

Documento desclasificado
En junio pasado, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Uruguay presentó ante la justicia de su país varios documentos que daban cuenta de los traslados ilegales de presos políticos desde Argentina durante la última dictadura.

En esa presentación, realizada por el abogado Oscar López Goldaracena, se incluye un documento desclasificado perteneciente al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que contiene la lista de las 21 personas que fueron trasladadas entre febrero y agosto de 1978 desde Argentina a Uruguay. Algunas de ellas sobrevivieron.

Dicho documento fue emitido en abril de 1978 por la Embajada de EEUU en Buenos Aires, con base en informaciones de ACNUR. Allí se puntualiza que oficiales del Ejército uruguayo contaron con la autorización de las autoridades argentinas para secuestrar a ciudadanos uruguayos exiliados en Argentina.

“Fueron permitidos como un canje de favores al gobierno uruguayo por el traslado que efectuó del ciudadano argentino Oscar de Gregorio desde Uruguay hacia Argentina”, afirmó López Goldaracena.

El abogado precisó que entre las víctimas se encontraban varios militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) y del Partido Comunista Revolucionario de Uruguay, así como ciudadanos sin militancia política pero críticos de las dictaduras sudamericanas.


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