¿Lucha de clases o pugna entre regiones? Martin Garat 13/12/2007 País se polariza en torno a nueva Constitución.

“La política del MAS beneficia económicamente a los sectores populares, sobre todo del campo, mientras que la oposición está liderada por grupos económicos que buscan evitar que se afecten sus intereses”.

Así resume el analista político César Rojas lo que considera como la raíz del conflicto que ha desatado en el país la nueva Carta Magna propuesta por el oficialista MAS, o Movimiento al Socialismo.

Después de varias semanas de paralización, la Asamblea Constituyente logró finalmente sesionar los días 23 y 24 de noviembre, aunque para ello se viera obligada a trasladarse a un cuartel militar de Sucre por razones de seguridad.

En un ambiente tenso y sin la oposición, el MAS aprobó en primera instancia los lineamientos generales de la nueva Carta Magna, mientras se producían fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías en las calles de la ciudad.

Sucre —capital política— reclama que se le devuelva la categoría de sede del gobierno, trasladada a La Paz después de una guerra civil hace más de 100 años. Pero el tema fue omitido en el texto constitucional luego que el MAS vetara la discusión en la plenaria de la Asamblea, lo cual desencadenó las violentas protestas de los sucrenses, con un saldo de tres muertos antes que la Policía abandonara la ciudad.

Aprobada Constitución en detalle
El 9 de diciembre en Oruro, cinco días antes de la fecha tope, la Asamblea Constituyente, con escasa presencia de la oposición, aprobó en detalle la nueva constitución. Antes de entrar en vigencia, ésta deberá ser ratificada en plebiscito nacional, cuya fecha aún no ha sido fijada.

La propuesta constitucional del MAS incluye el reconocimiento de la diversidad boliviana, argumenta Rojas.

“La propuesta reconoce la economía comunitaria indígena, junto a la estatal y la privada. Crea la autonomía departamental, pero también la regional y la de las comunidades indígenas. Se puede decir que es una Constitución barroca, en la que conviven varios elementos muy diferentes entre sí”, señala.

El nuevo texto constitucional declara a Bolivia un Estado “plurinacional”, es decir los 36 pueblos indígenas son consideradas naciones. Además, garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga no sea perjudicial al interés colectivo.

El prefecto de Santa Cruz y otros dirigentes de los departamentos del oriente, que la oposición controla, ya han llamado a desacatar la constitución propuesta por el MAS por considerarla ilegal.

El analista José Antonio Quiroga advierte que la propuesta posiblemente va a ser rechazada por una parte considerable del país.

“En el oriente piensan que el MAS está imponiendo su Constitución de forma poco democrática. Existe el peligro de que, sometido a plebiscito, el proyecto de Constitución gane a nivel de todo el país pero pierda en varios departamentos. Esa situación dejaría al gobierno con un enorme problema de legitimidad y gobernabilidad”.

“Bolivia es un país muy centralista y el MAS es hipercentralista en su concepción del Estado, lo que ha creado un fuerte rechazo en varias regiones. Si bien hay contradicciones de clase en el conflicto, la disputa entre poder local y poder central es clave para entender lo que pasa en Bolivia”, añadió.

De ambos lados el enfrentamiento muestra un alto grado de organización, aunque ésta no se canaliza a través de partidos políticos. Detrás del gobierno están los movimientos sociales e indígenas, con base en el occidente del país.

Otros grupos importantes son los cocaleros y los sectores urbanos marginados, principalmente de la ciudad de El Alto que brindan un fuerte apoyo al gobierno. Esos movimientos populares ven en el presidente Evo Morales a un “hermano de clase”.

Gobernadores, empresarios y terratenientes
La oposición, por su parte, está conformada por gobernadores de derecha, agrupaciones ciudadanas y comités cívicos que aglutinan a empresarios y terratenientes con gran capacidad de movilización.

Uno y otro bando apelan rutinariamente a medidas de fuerza —cortes de carreteras, marchas y paros regionales— para imponer sus demandas. En ocasiones, grupos adversarios se enfrentan entre sí en las calles o chocan con la policía, tal como ocurrió en Sucre.

“Las constantes movilizaciones se deben a la ausencia de mecanismos políticos de mediación. Los partidos políticos han sido reemplazados por actores nuevos que sólo conocen las medidas de presión como forma de hacerse escuchar”, explica Quiroga.

Aunque en el país hay un problema de gobernabilidad y el gobierno tiene escasa presencia en varios departamentos opositores, la estabilidad del régimen no está en peligro, según Rojas.

“El gobierno ha perdido credibilidad debido a las fuertes protestas y a la violencia. A mediano plazo puede experimentar una merma en su apoyo. La oposición se ha fortalecido, pero está muy fragmentada y carece de una figura que la aglutine. Por ahora, Evo Morales no tiene un rival político”, precisa.

Rojas y Quiroga coinciden en que ni el gobierno ni la oposición son capaces de derrotar al otro. Las movilizaciones en las calles son una manera de medir fuerzas antes de sentarse a negociar.

Ambas partes tienen necesidad de una nueva Constitución. Si el proceso constituyente fracasara, oriente se quedaría sin autonomía y el MAS tendría que abandonar sus ambiciones de “refundar” Bolivia y acabar con las injusticias históricas.

En la propuesta del MAS se permite una reelección presidencial. El actual mandato sería anulado y Morales podría ser electo dos veces más.

“Es decisivo para la sobrevivencia política del MAS que el presidente pueda ser reelecto al menos una vez”, sostiene Rojas.