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PERÚ
Aguas en estado de conflicto
Milagros Salazar
04/11/2007
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Mineras y campesinos disputan por recurso escaso.

“Antes nuestra lucha era por la tierra, ahora es por el agua”, gritaba el dirigente campesino Félix Llanos en pleno bloqueo de una carretera en Cajamarca, en el norte del Perú, que conduce a uno de los yacimientos de la minera aurífera más importante de América Latina: Yanacocha.

Era fines de agosto del 2006. Combayo, un pueblo agrícola y ganadero, se levantó en defensa de sus ríos ante el impostergable inicio de la extracción del oro en las cabeceras de las cuencas.

El caso era simbólico. Resucitaba la idea bíblica de la lucha entre David y Goliat, una empobrecida masa campesina versus una transnacional poderosa, pero sobre todo reunía todas las condiciones para que estallara un conflicto por el agua: la escasez del recurso, deficiencias en el monitoreo y gestión del agua, la ineficacia de la autoridad ambiental, la debilidad de las organizaciones sociales y la violación de los derechos de los pobladores.

“Antes había agua en esta quebrada [Maqui Maqui que integra la cuenca del río Chonta de la cual nacen las aguas que alimentan a Combayo]. Ya no hay nada”, aseguraba el vicepresidente de uno de los comités de desarrollo de la zona.

“Tempranito las aguas aparecen de color turbio”, contaba la campesina Reina Llanos como si se tratara de una señal de contaminación. Eran dos convencidos de que la minería ya había afectado la calidad y cantidad de las aguas.

El conflicto de Combayo sigue latente. Algunos sectores de las comunidades reclaman que aún no se cumple con los 11 acuerdos a los que se comprometió el gobierno a inicios de setiembre del 2006 durante la mesa de diálogo entre las autoridades, la minera y la comunidad.

Como parte de los compromisos, se debe elaborar un estudio de afianzamiento hídrico de la cuenca para mejorar el abastecimiento de agua en el presente y futuro, para regadío y consumo humano.

Según la Defensoría del Pueblo, hasta junio de este año se reportaron 89 quejas de contaminación de recursos hídricos en todo el país, y de los 35 conflictos sociales activos de ese mes, en el que se registró el mayor número de casos en lo que va del 2007, 16 estaban vinculados al agua y la minería.

En Cajamarca, los mayores conflictos en los últimos años han estallado por proteger fuentes de aguas en zonas mineras como sucedió en el Cerro Quilish, Combayo y La Zanja.

Un poco más al norte, en Piura, el pueblo de Tambogrande consiguió hace cinco años que la empresa Manhattan Sechura se retirara de su territorio para que no afectara los ríos que dan vida a sus cultivos de limones y mangos.

Hoy el conflicto se ha trasladado a las alturas de la región, donde los campesinos que rodean el proyecto Río Blanco de la minera Majaz denuncian el potencial daño de ríos, lagunas medicinales, flora y fauna.

El recuento de los daños
En el 2005, el director de Saneamiento Básico de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), Eugenio Bellido, reveló que el 30.2% de los ríos de la costa están contaminados por los relaves mineros y vertederos de poblaciones adyacentes.

Todos esos ríos tienen su origen en las partes altas de la sierra donde existen grandes operaciones de industrias extractivas.

Sobre Yanacocha, propiedad de la estadunidense Newmont y la peruana Buenaventura, el informe anual 2004-2005 del ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI), rama del Banco Mundial, señaló que la quebrada Chaquicocha es uno de los cuatro puntos críticos de la cuenca del río Chonta que es vital para Combayo.

En esa quebrada se hallaron concentraciones de aluminio, arsénico y plomo superiores a los límites máximos establecidos en las guías internacionales de bebidas para animales, afirma ese informe.

Entre 1993 y 2004, Yanacocha debió procesar 624.8 millones de TM de mineral, con aproximadamente 125 millones de m³ de agua en todo ese periodo, según datos de la misma empresa.

Ese volumen de agua alcanzaría para abastecer durante un año a una ciudad de 6.5 millones de habitantes, a razón de 50 lt por persona, revela un informe del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), organización no gubernamental con sede en Cajamarca.

En la misma línea que las mineras, el gobierno asegura que la gran minería no contamina si es que se despliega suficiente tecnología para proteger el medio ambiente.

La organización no gubernamental Red Muqui, de la que forman parte Grufides y otras instituciones nacionales y locales que defienden los derechos de las comunidades en áreas de influencia minera, indica que toda extracción de mineral a cielo abierto que utiliza procesos químicos como la lixiviación por cianuro al igual que Yanacocha es “altamente contaminante”.

“La minería afecta las fuentes de agua ya sea porque traslada el agua de un lugar a otro para sacar el mineral que muchas veces puede encontrarse debajo de una laguna, porque desvía los cursos de riachuelos o utiliza el agua en el procesamiento del metal”, advierte Patricia Rojas, de Grufides, quien ha elaborado un amplio diagnóstico sobre el agua y la minería.
Pero no siempre se pueden generar los informes técnicos que demuestren los daños.

Estado invisible
“No hay una intervención estatal oportuna para establecer la causa de la contaminación. Esto genera un escenario de indefensión de los pobladores que se sienten amenazados por la minería”, afirma la comisionada de la Adjuntía para los Servicios Públicos y de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto.

Desde enero de este año, la fiscalización de esta actividad productiva está en manos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (OSINERGMIN). Pero según Abanto, el organismo no cumple de manera eficaz con esa labor de autoridad ambiental independiente que tanto se ha recomendado para que el Estado recupere la confianza de las comunidades.

Las auditorías que efectúa el gobierno a las mineras en materia ambiental siguen siendo financiadas por las mismas empresas al igual que en los días en que la fiscalización estaba a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que promovía y supervisaba la inversión minera al mismo tiempo.

José de Echave, responsable del Programa de Minería de la no organización gubernamental CooperAcción, sostiene que la escasez del agua es uno de los mayores factores que abonan el conflicto. “La minera se convierte en ese gran competidor de un recurso que se agota cada vez más”, afirma.

Débil participación ciudadana
El escenario se agrava, según la Red Muqui, ante el trabajo disperso de las instituciones que gestionan el agua y la débil participación de la población durante el monitoreo del recurso que realiza DIGESA o sus direcciones regionales.

Según la Ley General del Ambiente, las poblaciones locales sólo pueden presentar denuncias por contaminación o algún otro tipo de daño si son demostradas técnicamente por un fiscalizador inscrito en el MEM.

La obsoleta Ley de Aguas que data de 1969 no ofrece seguridad jurídica a los usuarios. Las Juntas de Usuarios y los Comités de Regantes tampoco conocen los derechos que la ley les asigna como autorizar o no el permiso para el uso de aguas a las mineras.

Para el antropólogo Armando Guevara Gil, coordinador en el Perú del proyecto Water Law and Indigenous Rights, las organizaciones de regantes en los Andes son débiles principalmente por la realidad geográfica compuesta por una maraña de microcuencas y de minifundios que impide una administración centralizada del agua, a diferencia de la costa.

Basta un ejemplo: el Comité de Regantes de Santa Rosa de Ocopa, en el central valle del Mantaro, tiene 250 miembros para irrigar apenas 120 Ha.
Además, en los tres o cuatro meses que dura la estación de lluvias y se declara el uso libre del agua, las organizaciones de regantes permanecen inactivas. “Las leyes tienen que atender esa diversidad del país”, asegura Guevara.

El factor cultural es otro elemento importante a la hora de otorgar una concesión minera. En algunas comunidades, la paqarina, el lugar de origen de los pueblos, se encuentra en las fuentes de agua.

“Y en ese caso el Estado tiene la obligación de respetar las creencias de las comunidades. No se puede negociar; sería como si los católicos aceptaran que el Vaticano sea objeto de una negociación”, afirma Guevara.

Para prevenir los conflictos alrededor del agua, la Defensoría del Pueblo propone reformar la institucionalidad ambiental con la efectiva participación de los pobladores y los gobiernos regionales.

De Echave sostiene que debe existir un plan de ordenamiento territorial para establecer zonas restringidas a la actividad minera en defensa de los recursos hídricos, que en tiempo de escasez se han convertido en un bien más preciado que el oro.


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