Propiedad privada del agua Alejo Álvez 03/11/2007 Las transnacionales tienen puesta la mirada (y las manos) en los recursos hídricos de la región.

El alerta sobre la escasez de agua, que llevará a que en el año 2025 unos 2.7 millardos de personas de todo el mundo tengan dificultades de abastecimiento o, peor aún, carezcan del vital elemento, llevó a la creación de un poderoso movimiento social de defensa del recurso y, paralelamente, desató la codicia de las multinacionales del sector, que se lanzaron a una carrera para quedarse con el manejo de las reservas existentes.

Mientras las organizaciones sociales definen al agua como un bien público cuyo manejo debe quedar en manos de los Estados nacionales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostienen que para garantizar el acceso universal se requieren en América Latina inversiones (US$50 millardos al año) que sólo pueden ser abordadas por el sector privado.

“Como en la época colonial, el FMI, el BM y el BID otorgan créditos a los gobiernos sumisos y en los planes de pago aparece, como una constante, la entrega de las riquezas naturales, de forma que los grupos multinacionales se queden con el control de nuestros recursos y conviertan al agua en una mercancía”, dijo la Comisión de Defensa del Agua de Uruguay, que en el 2004 frenó la privatización mediante un plebiscito.

Desastrosa gestión privada
El diagnóstico de los uruguayos se sustenta en los hechos: “Los organismos internacionales lograron que se privatice el agua en todas sus formas (consumo familiar, alcantarillado, limpieza y exportación), poniéndolo como condición en el 30% de sus acuerdos por país en el año 2000 y en el 40% de los de 2001”, reveló un estudio de la entidad no gubernamental española Solidaridad para el Desarrollo y la Paz (SODEPAZ).

Es así que durante la última década del siglo pasado, y en el marco del modelo neoliberal impuesto a la mayoría de los pueblos latinoamericanos y caribeños, las fuentes hídricas y la provisión de los servicios de agua potable y agua embotellada pasaron a manos de las mayores multinacionales (las francesas Vivendi y Suez y sus múltiples subsidiarias) y las grandes de la alimentación y los refrescos (Nestlé, Danone, Coca-Cola y Pepsi Cola).

En todos los casos se siguió un esquema común, que comenzó con la autodestrucción de las empresas estatales para justificar privatizaciones a bajo costo y siguió con un aumento de tarifas que hizo más apetecible el negocio, el incumplimiento de los contratos de concesión por falta de inversiones y, finalmente, cerrando el círculo, la reventa de las empresas —endeudadas y obsoletas— a los Estados que las habían entregado.

Cuando la Compañía de Aguas, una subsidiaria de Vivendi, administró la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, de 1995 al 2001, dejó un enorme legado de deficiencias en la operación y mantenimiento de las plantas de agua potable y saneamiento.

Su sucesora, la también francesa Ondeo, subsidiaria de Suez, no tuvo un mejor desempeño y en el 2004 el gobierno le canceló el contrato para devolvérselo al sector público.

A la destrucción de las empresas que siguió a la obtención de ganancias fáciles por las generosas concesiones, las tarifas abusivas y los créditos recibidos —y finalmente absorbidos por el Estado—, le acompañó una gestión destructiva de las condiciones ambientales.

En Argentina, Obras Sanitarias de la Nación permaneció 13 años en manos de Suez antes de ser reestatizada en el 2006.

“Por la mala calidad del agua que ofrecía, la francesa Suez Lyonnaise des Aux nos sumó un grave problema sanitario”, dijo Ginés González García, ministro argentino de Salud.

González García se apoyaba en un informe del estatal Ente Nacional de Obras Hídricas, que señaló que entre diciembre de 1992 (momento previo a la privatización) y diciembre del 2005 (meses antes de la reestatización) “los casos de diarrea infantil aumentaron un 75% y crecieron en términos preocupantes las enfermedades de transmisión hídrica”.

En el 2001 la norteamericana Azurix, filial del gigante estadunidense Bechtel, había tenido que abandonar sus concesiones en las ciudades de Bahía Blanca y Santa Fe, después de una fuerte reacción popular por la entrega para consumo familiar de agua con abundante presencia de coliformes de tipo fecal.

Y el pasado 2 de setiembre, 80% de los pobladores de Córdoba que participaron en una consulta popular dijeron No al contrato con Aguas Cordobesas Suez-Roggio que ya tiene previsto para enero un aumento de 300% en las tarifas. Sin embargo, al ser la consulta no vinculante, el resultado no obliga al gobierno provincial a romper el contrato.

“La guerra del agua”
En Cochabamba, Bolivia, grandes movilizaciones populares que trascendieron como “La guerra del agua” terminaron en el 2000 con la cancelación de la concesión de Aguas del Tunari, subsidiaria de Vivendi, y en el 2005 fueron los habitantes de El Alto, un satélite de La Paz, los que expulsaron a Aguas del Illimani, filial de Suez.

En Uruguay, donde se desarrollaba una prueba piloto de privatización, el 65% de la población votó la expulsión de Aguas de Barcelona, filial de Suez, en un plebiscito celebrado en octubre del 2004. Como en Bolivia, pesaron en la decisión ciudadana las tarifas excesivas, la provisión de agua contaminada y la deficiencia de los servicios prestados.

En Colombia, donde operaban u operan Suez (a través de Aguas de Barcelona), Vivendi y la ignota española Técnicas Valencianas del Agua —una empresa inexistente en España y creada especialmente para participar de las privatizaciones latinoamericanas—, la primera debió retirarse en el 2005 por “reiterado incumplimiento de contrato” después de disfrutar durante 10 años de tarifas abusivas que habían sido aumentadas entre un 55% y un 126%.

Agua embotellada
Nestlé, junto a la francesa Danone, ya domina el negocio del agua embotellada en México, Argentina, Brasil y Uruguay. Coca-Cola y Pepsi Cola también están lanzadas a quedarse con la explotación del agua latinoamericana, aunque en este caso para usarla como diluyente de sus jarabes —con lo cual abaratan sus costos de producción— y sumarse luego a ese negocio en expansión que lideran las dos empresas europeas.

En México se adquieren en comercios cerca de 50 millones de litros de agua diariamente, constituyendo el segundo país del mundo, después de EEUU, en consumo de agua embotellada, según datos de la corporación de comercialización de bebidas Beverage Marketing Corporation.

Al año, en este país de poco más de 100 millones de habitantes, se consumen más de 18 millardos de litros de agua embotellada, en tanto que 12 de cada 100 habitantes carecen de agua potable y 15 de cada 100 no tienen servicios de saneamiento. Nestlé Waters está presente con las marcas Santa María y Nestlé Pure Life.

Durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) México se convirtió en un caso emblemático. El ex mandatario —un empresario que hasta asumir había dirigido la filial de Coca-Cola— otorgó en seis años 44 concesiones de explotación en ríos y fuentes subterráneas, entre ellas Chiapas, donde Coca-Cola se quedó con un área donde se recarga el 50% del agua del país (en Huixtán y las faldas del cerro Hultepec), reveló la Asociación Mexicana para la Defensa del Consumidor.

En Brasil, la Nestlé es acusada de extraer sin autorización agua del Parque das Aguas en el estado suroriental de Minas Gerais, de desmineralizar el agua —lo que está prohibido por ley en Brasil— y de construir una planta sin un estudio de impacto ambiental.

En Argentina el grupo comercializa Nestlé Pure Life, Eco de los Andes, Fresh Water y Glaciar.

El auge del consumo de agua envasada estaría motivado en la supuesta seguridad que ofrecería a los usuarios, dicen diversos informes privados.
Pero la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) desmiente tal afirmación al señalar que “el agua de grifo, cuando antes de llegar a los hogares ha recibido un tratamiento adecuado, es ideal para el consumo humano”.

En consonancia con la FAO, una investigación de los canadienses Maude Barlow y Tony Clarke, presentada ante el IV Foro Mundial del Agua realizado en el 2006 en México, demuele los argumentos privados: “El análisis de 103 marcas de agua envasada probó que un tercio estaba contaminado con residuos de arsénico y coliformes fecales y un cuarto era tomado directamente del grifo, como ocurrió en el 2004 con el agua que Coca-Cola embotellaba en el Reino Unido”, dijeron los ambientalistas.