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PERÚ
No a explotación de cobre
Ramiro Escobar*
03/10/2007
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Tres distritos en el norte del país se pronuncian en contra de minería.

A pesar de los ataques del presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, de las calumnias de una parte de la prensa y hasta de acusaciones penales, tres alcaldes del norteño departamento de Piura llevaron adelante el 17 de setiembre una consulta vecinal con el propósito de preguntar a la población si está de acuerdo o no sobre la actividad minera en la zona.

Nada pudo detener el acto ciudadano, que incluso un mes antes fue declarado ilegal por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el tribunal electoral peruano. El día de la consulta, miles de personas en los distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa se agolparon desde muy temprano frente a las ánforas para votar.

Ante la pregunta “¿Está usted de acuerdo con que se realice actividad minera en el distrito”, la respuesta de los ciudadanos se dirigió abrumadoramente hacia el “No”. En Ayabaca, con una asistencia de 8,873 electores (50.9% de un total de 17,714 hábiles para votar), 93.47% (8,294) votaron por esa opción y sólo 176 por el “Sí”.

En Carmen de la Frontera, sobre una asistencia de 3,053 electores (el 59.26% del total), 2,825 votaron por el “No”, en tanto que 73 lo hicieron por el “Sí”. En Pacaipampa, por último, fueron a votar 6,091 personas (el 71.47% del total), de las cuales 5,914 marcaron por el “No” y apenas 36 por el “Sí”.

El más grande depósito de cobre
Los pobladores se pronunciaron claramente en contra de las intenciones de Minera Majaz, subsidiaria de la compañía Monterrico Metals —con mayoría de capitales chinos— de explotar cobre. La empresa posee el yacimiento de Río Blanco con 1.2 millardos de TM de cobre y molibdeno, que lo hace el más grande depósito de cobre no explotado en el mundo.

“Todo se llevó en orden y no vimos ninguna irregularidad”, declaró Clara Ruiz, vocera de los más de 20 observadores nacionales e internacionales y representante de la organización no gubernamental española “Entre Pueblos”.

Similar opinión tuvo Luis Faura, concejal de la ciudad chilena de Alto del Carmen, ubicada en la III Región (Atacama). “Se nota el ánimo de la gente por votar”, afirmó cuando se paseaba por el Estadio de Ayabaca, único centro de sufragio en esa ciudad, luego de que el gobierno central emitiera una directiva disponiendo que los centros escolares no cumpliesen tal papel.

No fue, además, el único intento de bloqueo por parte de las autoridades frente a la consulta. El evento estaba anunciado desde junio, pero no fue sino hasta agosto que el Ejecutivo arreció una campaña de ataques contra los alcaldes.

En los días previos, el presidente Alan García Pérez llamó “comunistas” y “enemigos de la inversión” a las organizaciones no gubernamentales que apoyaban la consulta. Por su parte, Del Castillo dijo que los burgomaestres “se estaban gastando la plata del pueblo en una acción política”.

Sin embargo, en una entrevista con el influyente diario El Comercio el 9 de setiembre, la defensora del Pueblo Beatriz Merino sostuvo que la consulta “estaba dentro del marco constitucional”, con lo cual se produjo un viento a favor de su realización.

“A pesar de los ataques, hemos demostrado que no somos ignorantes y que somos gente pacífica”, dijo Magdiel Carrión, presidente de la Federación Provincial Comunidades Campesinas de Ayabaca.

El caso de Tambogrande
No es la primera vez que en el Perú la población se pronuncia en contra de la explotación minera. En el 2002, los habitantes de Tambogrande, rico valle agrícola semitropical también ubicado en Piura, participaron en el primer referendo comunal sobre minería en el mundo. Más de 98% de los tambograndinos dijeron “No” a los planes de una subsidiaria de la empresa canadiense Manhattan Minerals de explotar oro y que hubiera destruido su principal medio de vida: el cultivo de limones y mangos.

El conflicto entre pobladores y Minera Majaz estalló en el 2003, cuando se inició la labor de exploración.

De acuerdo a ley, para que se pueda realizar esta actividad en las tierras comunales, la empresa debió haber contado con la aprobación de dos tercios de las asambleas de las comunidades de Cajas y de Yanta y Segunda, donde se ubica el emporio minero, para otorgar la autorización de uso de tierras comunales. Esto nunca se cumplió.

Entre el 2004 y el 2005, ante la irregular presencia de la minera, se produjeron numerosos incidentes entre los comuneros y policías que dejaron como saldo la muerte de dos campesinos.

En el 2006, cuando ya se había conformado el Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, entidad que agrupa a los alcaldes y organizaciones de la zona de influencia del Proyecto Minero Río Blanco —impulsado por la Minera Majaz—, se instaló una Mesa de Diálogo en la que participaban el Frente, la empresa y autoridades del Ejecutivo.

Sin embargo, en enero del 2007 este proceso se interrumpió por el ausentismo del nuevo gobierno presidido por García Pérez, y es cuando surgió la idea de la consulta como mecanismo pacífico alternativo ante la renuencia de las autoridades a escuchar la voz de la población.

Aunque tras los resultados de la consulta los alcaldes se han mostrado dispuestos a dialogar con la presencia de todos los directamente implicados, el futuro del proyecto —que tendría una duración de 32 años— es aún incierto.

Tendría que concretarse vía una expropiación de tierras, lo que provocaría más turbulencias. El yacimiento, además, está situado sobre una zona de ecosistemas frágiles, denominados ‘bosques de neblina’, lo que podría afectar incluso las fuentes de agua de la zona.


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Comunidades rurales rechazan minería en referendo popular. (Foto: Ramiro Escobar)
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