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HONDURAS
Reformarán ley de minería
Carolina Rivera
09/03/2007
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No más explotación a cielo abierto, sentencia Corte Suprema.

En municipios como Cedros, San Antonio de Oriente, San Juancito, Santa Lucía y Valle de Ángeles, ubicados en el céntrico departamento de Francisco Morazán, sólo quedan las huellas de lo que fue el auge minero en la época de la conquista española.

Bocaminas clausuradas, calles estrechas y empedradas, además de poblados casi fantasmas, es el común denominador de estos lugares donde ya no queda nada por extraer.

En esas poblaciones y otras ubicadas en la zona central del país, el poderío de las mineras declinó por el agotamiento de los recursos. Fue en la década de 1920 cuando se cerraron operaciones en las minas que habían sido explotadas desde la llegada de los españoles.

Pero la actividad resurgió a inicios de los 90 cuando se descubrieron grandes yacimientos de oro en la zona del valle de Siria, ubicado a 70 km de Tegucigalpa. Menos de una década después de que Honduras fuera azotada por el huracán Mitch —en octubre de 1998—, se promulgó mediante decreto la Ley General de Minería, que autoriza la técnica de “explotación a cielo abierto”, y que entró en vigencia el año siguiente.

“Esta ley se aprobó en circunstancias donde era difícil que se pusiera algún interés en ella, ya que fue 20 días después de que el huracán golpeara a la población y, por consiguiente, toda la atención estaba puesta en la tragedia que afectaba a la mayoría de hondureños”, explica Francisco Machado Leiva, presidente ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales de Honduras (ASONOG).

Para Machado, la minería a cielo abierto sólo ha traído contaminación, enfermedad y liquidación de los recursos forestales existentes en las comunidades donde se emplea la técnica.

En reacción a esto, la sociedad civil, grupos ambientalistas, y una comisión de los partidos minoritarios como Unificación Democrática y el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), promueven desde el 2004 un nuevo proyecto de ley de minería que plantea la derogación de la existente.

Artículos inconstitucionales
En noviembre pasado la Corte Suprema de Justicia declaró como inconstitucionales 13 artículos de la Ley General de Minería, entre ellos los referidos a la exoneración de pagos de impuestos de las mineras y a la no necesidad de evaluación de impacto ambiental previo a otorgar la concesión.

El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por la ex fiscal especial del Medio Ambiente, Clarissa Vega, quien actuó como representante del Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF) y de la Asociación de Periodistas Ambientalistas.

“Las mineras se estaban sirviendo de estos artículos y teniendo una serie de prebendas de las cuales ya no gozarán, además la ley deberá estar sustentada por las normativas vigentes en el país, en especial por la Constitución de la República”, sentenció el juez supremo Carlos Armando Flores.

La Corte Suprema de Justicia da libertad al Congreso Nacional para que reforme o derogue la ley actual, pero tendrán que anular los 13 artículos que van contra la Constitución.

De acuerdo a la sentencia, la ley deberá obligar a realizar los estudios de impacto ambiental, previo a una concesión y abolir la expropiación forzosa de terrenos para dárselos a las mineras; en ningún caso las concesiones podrán ser transferibles, renunciables y divisibles.

Para el dirigente de la Alianza Cívica por la Democracia (ACD), Mons. Luis Alfonso Santos, obispo del occidental departamento de Santa Rosa de Copán, todavía no se puede abandonar la lucha, aunque ya las autoridades del Congreso Nacional se comprometieron a abordar la reforma de la ley en marzo, cuando se reanuden las sesiones del 2007.
Santos dijo en una marcha en pro de la honestidad realizada en Tegucigalpa el 10 de febrero, que los miembros de las 23 organizaciones reunidas en la ACD estarán pendientes de lo que se discuta en el seno del Legislativo.

Daños a la salud
Mientras tanto, los daños a la salud de los habitantes de varios municipios ubicados al norte de Francisco Morazán, siguen reportándose.

“Hemos ido a las comunidades como El Porvenir y San Ignacio, en el Valle de Siria y encontramos hombres y mujeres con manchas en la piel, embarazadas con signos de aborto y niños con problemas de aprendizaje; antes de las minas esto no existía para ellos”, dice el diputado Tomás Andino, integrante de la comisión de Medio Ambiente en el Congreso Nacional y miembro del partido centroizquierdista Unificación Democrática.

Investigadores han determinado altos niveles de contaminación de las aguas y destacados científicos, como el médico Juan Almendares Bonilla, han llegado a la conclusión que las serias enfermedades que padecen muchos de los habitantes y animales domésticos de ambas comunidades están relacionadas con la contaminación provocada por la minera Entre Mares, subsidiaria de la compañía canadiense Glamis Gold, que realiza sus actividades desde el 2000.

“La causa del daño en estas dos comunidades se deriva de factores como la cercanía a los poblados que tienen las pilas de lixiviación que liberan al aire altas concentraciones de cianuro. A causa de ello, los moradores diseminados en 1,325 Ha que abarca la actividad, sufren de infecciones en la piel, dolores de cabeza y ahora, se realizan investigaciones por el bajo rendimiento escolar que presentan los menores de las escuelas aledañas”, explica Machado.

 


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Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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