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PERÚ
Ambientalistas bajo amenaza
Hildegard Willer
08/02/2007
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Defender medio ambiente frente a poderosas mineras se ha vuelto un riesgo para la propia vida.

“Operación Diablo” fue el nombre de un operativo de espionaje e intimidación que tuvo como blanco a activistas ambientales en la ciudad de Cajamarca, en la sierra norte del Perú, llevado a cabo el año pasado.

En diciembre del 2006, el diario La República destapó que la empresa privada de seguridad C & G Investigaciones espiaba y filmaba al personal y simpatizantes de la organización no gubernamental ambientalista Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), las 24 horas del día.

En su centro de operaciones la empresa tenía fichados a los ambientalistas como si fueran delincuentes. El apodo que dieron al sacerdote católico Marco Arana, director de Grufides, fue “el diablo”.

“El objetivo de esta operación es tanto la difamación personal como la intimidación”, explica Arana.

Hay evidencias de que los resultados del seguimiento fueron a dar a la empresa de seguridad “Forza”, que presta servicios a la minera Yanacocha, que explota el más grande yacimiento aurífero de América Latina, ubicado a 14 km de Cajamarca.

Desde hace varios años, Arana, igual que la abogada Mirtha Vásquez y otros integrantes de Grufides, han venido llamando la atención sobre los daños ambientales causados por Yanacocha.

En el 2004 se suscitó un grave conflicto entre Yanacocha y los habitantes de Cajamarca opuestos a la explotación del cerro Quilish, que contiene reservas de oro y que según la comunidad sería el colchón acuífero de la ciudad. La empresa finalmente abandonó sus pretensiones de explotar Quilish (NA, Set. 22, 2004 y Oct. 18, 2006), pero los conflictos están lejos de terminar.

En agosto pasado, en un enfrentamiento entre habitantes del pueblo de Combayo y las fuerzas de seguridad privada de la minera, murió abaleado el campesino Isidro Llanos.

Arana y Vásquez no son los únicos que sufren hostigamientos y amenazas por defender el medio ambiente. Más bien son los últimos en una cadena de hasta 16 casos que tiene registrados la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y que en su mayoría no han sido hechos públicos hasta ahora.

Once de ellos han sido reportados en La Oroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo (NA, Mar. 8, 2006); otros se refieren a activistas que han denunciado las malas condiciones laborales en la industria agroexportadora en el departamento de Ica, en la costa central.

Dirigentes perseguidos y enjuiciados

Otras organizaciones informan de casos similares. Según la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería, unos 600 dirigentes ambientales y sociales estarían siendo perseguidos y enjuiciados, mientras que la Coordinadora Nacional de Radio ha denunciado amenazas a nueve emisoras del nororiente, zona de numerosos conflictos entre empresas mineras y la población.

En la ciudad de La Oroya, en la sierra central, se sabe de 11 casos de hostigamiento en el complejo metalúrgico de la empresa estadunidense Doe Run, que no cumple con los estándares ambientales modernos y que daña gravemente la salud de los pobladores, especialmente niños.

“Ya sabes qué te va a pasar”, fue una de las tantas amenazas telefónicas que recibió Yolanda Zurita cuando era coordinadora del Movimiento por la Salud de La Oroya. Llamadas anónimas con sonidos intimidantes, difamaciones públicas por radios locales, volantes con frases como “personas como Yolanda Zurita deben desaparecer”, eran algunos de los hostigamientos.

Zurita, trabajadora social de la parroquia católica de La Oroya, se vio obligada a dejar la coordinación del Movimiento por la Salud. “Temíamos que también iban a amenazar a otros miembros de la parroquia”, dijo. “No podemos pelear el pueblo con el pueblo”.

Todos estos actos de intimidación fueron denunciados a las autoridades respectivas. Sin embargo, nunca se encontró ningún culpable porque la estrategia de Doe Run fue dividir a la población y enfrentar a sus trabajadores con los ambientalistas, explotando el temor al desempleo.

Doe Run emplea a unos 3,000 trabajadores en la fundición, siendo el más grande empleador en La Oroya.

Guerra sucia

Esa táctica —contraponer el derecho a un medio ambiente sano con el derecho al trabajo— parece también funcionar en Cajamarca. “Cura Arana, déjanos trabajar”, fue una de las arengas que el sacerdote tuvo que escuchar.

“Poco a poco vemos que existe un patrón detrás de todos estos casos”, dice Pablo Rojas, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. “Uno consiste en contratar a empresas de seguridad privadas para que investiguen a organizaciones ambientalistas y consigan material que después sirva, de forma tergiversada, para la guerra sucia mediática”.

“Además, para algunas zonas existe un plan para evitar la acción de los opositores a las inversiones mineras y definirlos como peligrosos para la inversión y para el desarrollo del país”, denuncia Rojas. “Estamos ante un grado de hostilización e intimidación que no conocíamos”.

Para Rojas, no es casualidad que el destape del seguimiento a los ambientalistas de Cajamarca ocurriese en los mismos días que el presidente Alan García firmara una controvertida ley que permite mayor control estatal sobre las actividades y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. Rojas considera que hay una conexión directa.

“Con seguridad sabemos que hubo un fuerte lobby minero en relación a la nueva ley [que rige] la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que [de ahora en adelante] supervisará los proyectos y los fondos manejados por las organizaciones no gubernamentales”, sostiene.

Hasta ahora las autoridades peruanas han hecho poco para brindar seguridad a los ambientalistas amenazados. No existe un sistema de protección, y en muchos casos, según Rojas, “las autoridades hacen el juego a las mineras”. Por lo pronto, el 25 de enero, el juez de Cajamarca que investigaba el operativo de seguimiento al padre Arana archivó el caso aduciendo que se trató de una investigación periodística.

 


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