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COLOMBIA
Persisten atropellos contra indígenas
Susan Abad
11/01/2007
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Estado responsable de mayoría de violaciones a derechos humanos de indígenas.

Los nukak se quedaron sin quién les tradujera lo que les dicen los "blancos" y sin quién hablara por ellos. Ahora será más fácil engañarlos porque su líder Mow be’ se suicidó tras fracasar en sus gestiones para que su tribu volviera a la selva donde han vivido por siglos.

Los nukak son uno de los últimos grupos nómadas que existen en el mundo. Durante siglos han vivido en las selvas comprendidas entre los ríos Guaviare e Inirida, en el sureño departamento del Guaviare, en armonía con la naturaleza y con otros grupos nativos de la región. Viven de la caza, la pesca y la recolección de frutos, se desplazan en grupos pequeños y se establecen por temporadas cortas en campamentos que abandonan al agotarse los recursos del área.

La muerte, el 17 de octubre, de Belisario Maubé, como llamaban a Mow be’ en la ciudad de San José del Guaviare, donde llegó al frente de 200 nativos nukak huyendo de la guerra y anhelando volver, es sólo un efecto más de la violación a sus derechos elementales que continúan sufriendo los indígenas de Colombia.

"Los atropellos los venimos sufriendo desde hace más de 500 años, pero desde que se rompió el Proceso de Paz con las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], durante el gobierno de Ándrés Pastrana [1998-2002], y luego con la ofensiva militar de [el presidente] Álvaro Uribe contra la guerrilla, nuestros derechos han sido vulnerados hasta el extremo", asegura Lizardo Domicó, secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Las estadísticas del Centro de Cooperación Indígena (CECOIN) revelan que en el 2002, año en que se inició el primer gobierno de Uribe, se cometieron 298 asesinatos políticos a indígenas, el mayor número registrado en los últimos 30 años.

Según el CECOIN, mientras en 1996 el total de casos de violencia política contra los indígenas —incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, heridos, secuestros, tortura, violaciones sexuales, amenazas y detenciones arbitrarias— sumaron 56, en el 2003 esta cifra llegó a elevarse a 529.

"Los 86 pueblos que reúnen a más de un millón de indígenas en Colombia están sufriendo un etnocidio no sólo por parte de la guerrilla y los paramilitares, sino también por parte del Estado", se lamenta Domicó.

Esta situación obligó a que en el 2004 llegara a Colombia el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas Rodolfo Stavenhagen quien, tras visitar varias comunidades, concluyó que la situación de los indígenas en este país era "dramática y crítica" y manifestó al gobierno una serie de recomendaciones que incluía la de que los territorios indígenas sean declarados "zonas de neutralidad, zonas de paz".

"El gobierno se ha negado a esta petición aduciendo que los territorios indígenas son estratégicos para la movilización de los grupos armados y de los narcotraficantes", revela el senador de la Alianza Social Indígena, Jesús Piñacué, uno de los tres parlamentarios que por mandato constitucional representan a este sector de la población en el Congreso.

Añade que "Uribe no ha hecho el esfuerzo por atender las recomendaciones del relator, lo que determinó que se conformara una Misión Internacional de Verificación, mediante la cual organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Europa visitaron cinco regiones de Colombia la última semana de setiembre".

Tras el recorrido y en su informe final publicado el 29 de setiembre, la misión manifestó su preocupación por encontrar puestos policiales y militares, garitas, trincheras y puntos de avanzadas, construidos en medio de los sitios de vivienda de los indígenas, en lugares ampliamente poblados y en territorios pertenecientes a los resguardos indígenas.

Asimismo expresó sus inquietudes frente a la presencia en estos territorios de paramilitares que no se han desmovilizado efectivamente y siguen cometiendo crímenes e intimidando a la población. La misión también constató que en los territorios indígenas se están implementando megaproyectos sin que se respete el procedimiento de consulta previa y los criterios para ello establecidos por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y por los propios mecanismos internos de concertación establecidos entre el Estado colombiano y las autoridades indígenas.

El último informe del Consejo Nacional Indígena de Paz (CONIP), publicado en setiembre, reveló que de enero a agosto de este año los indígenas han sufrido 18 homicidios, 28 desapariciones, dos muertes por efecto de las minas antipersonal, 279 detenidos de manera irregular y sin respetar el debido proceso, 10,800 amenazados de muerte, 12 secuestrados, 75 heridos y 5,731 personas obligadas a abandonar sus territorios ancestrales.

"Lo preocupante es que la responsabilidad de estos casos es en un 92% del Estado, mientras que sólo el 2.2% se le atribuye a la guerrilla y el 2.7% a los paramilitares", manifiesta Domicó.

A esto se suma la reciente denuncia hecha por el senador Piñacué ante el Congreso: "la inminente desaparición de cinco o seis pueblos, entre ellos los nukak maku, los chimilas, los yukpas y los coreguaje, quienes han perdido su entorno y sus formas de vida ancestrales, al ser desplazados por la guerra hacia las ciudades, donde se diluyen o simplemente mueren".


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