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AMÉRICA LATINA
Impacto de la minería en América Latina
Noticias Aliadas
26/01/2005
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Número especial

Les presentamos nuestro más reciente informe especial: Impacto de la Minería, que comprende artículos, análisis y reportajes, a cargo de nuestros corresponsales, sobre la actividad minera y sus repercusiones en distintos países de América Latina.

Este número del boletín enfoca principalmente: 

  • El rol de la minería en la economía y el desarrollo sostenible
  • Situación actual de los conflictos en la actividad minera en la región
  • Planteamientos para una participación ciudadana en las decisiones sobre la actividad, así como experiencias positivas de diálogo entre empresas mineras y comunidades.
  • Análisis de la problemática desde la perspectiva de las organizaciones sociales, expertos en el tema, autoridades, empresas e instituciones financieras.

A través de este informe deseamos llamar la atención de la opinión pública hacia los aspectos más controversiales de la minería y aportar a una mejor comprensión del tema.

Empezamos poniendo atención al rol de la minería en el desarrollo sostenible de un país.

¿Desarrollo económico para quién?

Urge que en países de la región se abra debate público sobre rol que minería debe tener para aportar realmente a un desarrollo sostenible.

América Latina se ha constituido en el destino más importante de la inversión minera en el mundo. A comienzos de la década del 90 la región captaba el 12% de la inversión minera mundial y a comienzos de la actual había casi triplicado ese flujo, captando el 33%.

El alza del precio internacional de los metales, principalmente del oro, que pasó de US$363.4 la onza en el 2003 a $433.15 en diciembre del 2004, y del cobre, que pasó de $0.80 la libra en el 2003 a $1.44 en diciembre del 2004, constituyó un incentivo para la inversión minera.

En consecuencia, las exportaciones mineras de América Latina aumentaron en más de un 40% en promedio en el 2004 en comparación con las del año anterior. El año pasado, las exportaciones mineras chilenas alcanzaron un record histórico al crecer en cerca del 90% respecto del 2003, alcanzando los $16.5 millardos. En el 2004, las exportaciones mineras en el Perú aumentaron en 44% respecto al año anterior, sumando $6.7 millardos, en tanto que en Brasil superaron los $5.2 millardos, también 44% más que en el 2003.
Los marcos legales —exoneraciones tributarias, flexibilización laboral, entre otros beneficios— que se aprobaron a principios de los 90 en los países de la región para atraer la inversión minera han probado ser eficientes en su objetivo. 
Igualmente, dentro de los países tradicionalmente mineros, esta actividad se ha desplazado hacia lugares nuevos.
"Esto es explicado por el uso de nueva tecnología, que permite principalmente explotar minerales que están difusos en la tierra, abarcan grandes extensiones y su concentración es relativamente baja. Y estas tecnologías son principalmente por lixiviación: con cianuro en el caso del oro, y en el caso del cobre con ácido sulfúrico, [que son] productos contaminantes", indica César Padilla, responsable del área de Minería y Comunidades del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), con sede en Santiago de Chile.
"En el caso de Chile, la minería [antes desarrollada en zonas desérticas] está afectando a comunidades que viven en valles agrícolas, muchas de ellos económicamente rentables, muy rentables. En la mayoría de los casos realizan incluso agricultura de exportación. En la cabecera de estos valles, en el nacimiento prácticamente de los ríos, se instalan grandes proyectos transnacionales que ponen en riesgo a todo el valle", explica Padilla.

Los movimientos de "no a la mina" que están creciendo en los países de la región constituyen una respuesta a esta expansión de la actividad minera que no toma en cuenta los derechos de las comunidades. El conflicto de Tambogrande en el Perú, en el que una comunidad eminentemente agrícola logró detener en el 2002 un proyecto minero, es un buen ejemplo de esto.
"Poblaciones que se enteran de que sus territorios están siendo denunciados, entregados en concesiones mineras y ellas dicen ‘no, no quiero que la minería entre a mi territorio, no forma parte de mi visión de desarrollo, al contrario la va a perjudicar’", es lo que está ocurriendo, afirma el economista José De Echave, responsable del programa Minería y Comunidades de la organización no gubernamental peruana CooperAcción.
"En un país [como el Perú] donde la minería es una actividad importante, y nadie lo discute, hay que comenzar a discutir dónde minería y dónde no minería. Por ejemplo, nosotros somos de la idea que minería en zonas protegidas, de ninguna manera, minería en nuestros pocos valles agrícolas productivos, pensamos que tampoco", añade De Echave.
Padilla ve la misma situación en Chile, donde la expansión minera se da hacia lugares donde hay comunidades productivas, viables desde el punto de vista económico, "y la actividad minera no les ofrece empleo, no les ofrece crecimiento, no les ofrece desarrollo, y solamente lo que hace es poner en riesgo la actividad agrícola producto de la posible contaminación que genera la minería".

Frente a esto, organizaciones ambientalistas y de promoción de un desarrollo sostenible plantean que antes de dar en concesión minera un área se debería medir si los beneficios de esa actividad son superiores a los costos potenciales de carácter social, cultural, sanitario y ambiental que ésta pueda significar, y si dichos beneficios pueden ser distribuidos equitativamente.
La mayor inversión en minería se vio acompañada, en muchos casos, durante los años 90 por un gradual incremento de la extrema pobreza en las regiones donde se insertan los proyectos mineros.
En el Perú, los departamentos donde prevalece la minería ostentan los más altos niveles de pobreza en el país. Cajamarca, donde está ubicada la Minera Yanacocha —51.35% de cuyas acciones las posee la transnacional estadunidense Newmont Mining Corporation, 43.65% el grupo nacional Benavides y el 5% la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial—, que aporta alrededor del 10% de las exportaciones del país, es el quinto departamento más pobre del país con 77.4% de su población viviendo en la pobreza y 50.8% en la extrema pobreza.
El economista peruano Juan Aste Daffós señala que "la actividad minera no tiene un efecto multiplicador en las regiones, pues las compras de la empresa a nivel local son mínimas y la capacidad de generar empleo se reduce cada vez más debido al desarrollo tecnológico".
En el Perú, la gran minería da empleo a poco más de 75,000 personas, que representan alrededor del 0.9% de la población económicamente activa (PEA) en el país. En Chile emplea alrededor de 78,000 personas, 1.4% de la PEA, y en Brasil a 91,000 personas, alrededor de 0.1% de la PEA.

Si la minería no es generadora de empleo, si los ingresos fiscales por esta actividad no son sustanciales gracias a las exoneraciones tributarias de las que gozan las transnacionales mineras que operan en nuestros países, si se está expandiendo hacia lugares con otros potenciales de desarrollo económico, si las comunidades donde se desarrolla la actividad no se sienten beneficiadas, ¿es posible concebir un rol diferente de la minería en las economías de los países de la región?
Para el investigador peruano Pedro Francke la pregunta es ¿cómo la nación recibe una contraprestación por la extracción de estos recursos que finalmente le pertenecen, que de alguna manera son de su propiedad?
Una respuesta sería la discusión sobre las regalías a la actividad minera que se dio el año pasado en el Perú y Chile. "Más allá del mecanismo específico, el tema es que hacen falta normas tributarias que hagan que esta riqueza se comparta un poco más nacionalmente", indica Francke.
"Una opción que se puede considerar es que la minería sea un sector que temporalmente brinde los recursos para que otras actividades más permanentes, que promuevan más el desarrollo, puedan avanzar", puntualiza.
Pero advierte que el tema de trasvasar recursos del sector minero a otros sectores, de un capital internacional a uno nacional, es algo que requiere la acción directa del Estado.
"El mecanismo más directo es un mecanismo impositivo, o sea que el Estado capte esos recursos mediante regalías y otros mecanismos y los destine a fondos de desarrollo tecnológico, de infraestructura, que promuevan el desarrollo nacional", agrega.
Hay quienes plantean la posibilidad de que la propia minería genere eslabonamientos o avances tecnológicos. Para Francke eso parece un poco mas difícil.
"[En el Perú] se ha discutido un poco por el lado de la refinería y el procesamiento de los recursos minerales; esto no parece ir más allá de la refinación, casi vinculada a la extracción de minerales, pero muy poco ya al tema industrial, de producción metalmecánica, que requiere mucho más elaboración", sostiene.
"Otra opción es [como se ha dado en] Chile, que ha avanzado por el lado de lo que llaman clusters, por el lado de servicios mineros de exploración, de equipos de geofísica, de ese tipo de cosas; eso siempre es una opción a la que en el Perú se ha dado poca importancia y que el Estado podría empujar un poco más", agrega.

El redefinir el rol de la minería en los países de la región también pasa por crear mecanismos de participación ciudadana adecuados. Lo que está establecido en los marcos legales de esta actividad es la entrega de información no oportuna, la implementación de procesos tardíos que no generan ningún efecto vinculante.
"El marco legal lo que hace es convocar al final, cuando la empresa ya ha elaborado todo su estudio de impacto ambiental y presenta tres tomos de 1,000 páginas, y le dice a la población que en 15 días lo revise y que vaya a una audiencia pública para que presente su opinión sin ofrecerle ninguna garantía de que esa opinión va a ser tomada en cuenta", refiere De Echave para el caso peruano, similar al existente en muchos otros países de la región.
También se requiere establecer mecanismos institucionales que garanticen la equidad en el manejo de los conflictos a fin de arribar a acuerdos concertados.
De Echave indica que una característica clave de un proceso de diálogo entre los distintos actores de la minería es que ninguno de ellos lidere ese proceso; sólo así se pueden evitar las relaciones de asimetría que por lo general se dan. Un liderazgo compartido —nada fácil en un diálogo donde hay una empresa de talla mundial— puede garantizar resultados satisfactorios para todas las partes.
El dar a la minería un rol más beneficioso en nuestros países, pasa también por zonificar el territorio nacional, determinando áreas aptas y áreas no aptas para su explotación.
Esto implica un ordenamiento territorial que le dé a cada región un plan de uso sostenible de sus recursos naturales y un plan de ocupación de suelos (infraestructura) en función de la visión que tienen los propios pobladores del desarrollo de su comunidad.
"Estos planes les pueden dar capacidad de negociación a las comunidades", plantea Aste Daffós.
Para ello es esencial el fortalecimiento de capacidades en la población y la posibilidad de acceder a la información. "Falta aún poder entregar información veraz, información real respecto a los pros y los contras de la minería", remarca Padilla.

Participación ciudadana

Redefinir rol de minería

Beneficios vs. costos

"No a la mina"

Expansión de actividad
La minería ha crecido en los países tradicionalmente mineros como es el caso de Brasil, Perú y Chile —en ese orden preferidos por las compañías mineras en sus gastos de exploración en la región—, pero también ha empezado a crecer en países que no son esencialmente mineros, como Argentina y Honduras.

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