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AMÉRICA LATINA
Pobladores reclaman ser consultados
Noticias Aliadas
03/02/2005
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Gana fuerza movimiento social contra minería.

"Comuneros reclaman terrenos a minera", "Campesinos marchan contra proyecto minero", "Agricultores en contra de entrega de tierras a minera", "Comunidades afectadas por la minería marchan hacia la capital". Cada vez es más frecuente encontrar titulares como éstos en los diarios locales de nuestros países.

América Latina concentra más del 30% de la inversión minera mundial. Mientras los gobiernos del Perú, Argentina y Ecuador, como los de muchos otros de la región, ven en la minería un motor para las economías de sus países, son cada vez más los pobladores que se oponen al establecimiento de actividades mineras por parte de empresas transnacionales con o sin socios locales.

"Hay un franco proceso de expansión de esta actividad, y cuando la minería crece busca controlar no solamente los recursos minerales sino una serie de recursos naturales, como el recurso tierra o los recursos hídricos, que son esenciales para el desarrollo de la actividad minera, y que antes de que la minería llegara han estado bajo el control y bajo el manejo de otros actores: las comunidades en general, comunidades campesinas, poblaciones rurales, incluso ciudades o centros poblados vecinos", explica el economista José De Echave, de la organización no gubernamental peruana CooperAcción.

"Por otro lado, hay otro tipo de conflictos, los de las poblaciones que ya coexisten con la actividad minera desde hace muchos años, desde hace décadas, y allí no están planteando que la minería se vaya, pero sí que sus derechos económicos, sociales y culturales que han sido afectados por esta actividad sean reconocidos", añade De Echave.

Consultas populares
En junio del 2002, los habitantes de Tambogrande, localidad en el norte del Perú ubicada en un rico valle agrícola semitropical, participaron en el primer referendo comunal sobre minería en el mundo. Más de 98% de los tambograndinos dijeron No a los planes de una subsidiaria de la empresa canadiense Manhattan Minerals de desarrollar una mina de oro y cobre en su zona.

Aunque el gobierno dijo que el resultado del referendo no era legalmente vinculante, la resistencia a la mina no quedó ahí. Siguieron paralizaciones y campañas para oponerse a una actividad que los pobladores de esa comunidad consideran destruiría su principal medio de vida: el cultivo de limones y mangos. Un año y medio después del referendo, el gobierno puso fin a la opción de concesión de Manhattan en Tambogrande por violaciones contractuales. Manhattan, sin embargo, ha apelado la decisión del gobierno peruano.

En marzo del 2003 los pobladores de Esquel, en la provincia de Chubut, en el sur de Argentina, hicieron lo suyo en otra consulta comunal. Un abrumador 81% se opuso a la mina de oro a cielo abierto propuesta por la también canadiense Meridian Gold.

Los pobladores de Esquel estaban preocupados por la amenaza que la lixiviación con cianuro que se usa para extraer el oro podría haber constituido para su economía, que depende del ecoturismo, la pesca comercial de truchas y la agricultura. Aunque el gobierno federal argentino, como su homólogo peruano, dijo que la consulta no era vinculante, el gobierno de la provincia suspendió el proyecto por tiempo indefinido.

Vecinos autoconvocados
Aunque hay comunidades que inicialmente ven con entusiasmo el desarrollo de actividades mineras en su territorio, sobre todo, por las posibilidades de generación de empleo, posteriormente se sienten defraudados.

Es el caso de Andalgalá, provincia de Catamarca, en el noroeste argentino, que cuatro años después de haber alentado la explotación de oro y cobre en el yacimiento Bajo la Alumbrera, explotada por Minera Alumbrera, subsidiaria de la suiza Xstrata, ahora se oponen.

En el año 1997, la empresa les prometió crear unos 16,000 empleos; en el 2001 sólo habían 24 pobladores de Andalgalá en el proyecto. Actualmente hay unos 100 andalgalenses empleados.

Los comuneros de Andalgalá están preocupados por el inminente inicio de otro emprendimiento en su distrito, el de Agua Rica, el proyecto aurífero más prometedor del país, de propiedad de Minera Aconcagua (Canadá) y BHP Minerals (Australia). Agua Rica está ubicada en los nacientes desde donde la comunidad se provee de agua, y temen que el posible drenaje ácido de la mina hacia la cuenca de agua termine contaminándola.

Hoy, siguiendo el ejemplo de Esquel, Vecinos Autoconvocados de Andalgalá apunta a presentar un proyecto de consulta popular en el distrito. El modelo de organización de los Vecinos Autoconvocados de Esquel ha seguido repitiéndose en otras comunidades argentinas en conflicto.

Igualmente, en el Perú la experiencia de Tambogrande tuvo su correlato en otra comunidad de la sierra norte del país.

En setiembre pasado, durante dos semanas la población de Cajamarca realizó manifestaciones de protestas para reclamar al gobierno la revocación de la autorización a la Minera Yanacocha para realizar actividades de exploración del cerro Quilish, que según su parecer alberga una importante reserva de agua subterránea.

Dos meses después el gobierno revocó el permiso a la minera, propiedad de la corporación estadunidense Newmont Mining y la socia local Compañía de Minas Buenaventura. Aunque no es seguro que la revocatoria sea definitiva, la medida fue considerada una victoria para los cajamarquinos.

Otra ha sido la suerte de las confrontaciones de este tipo en Ecuador, donde el 20% del territorio está concesionado a diversas empresas mineras internacionales. Las comunidades indígenas y campesinas han logrado acuerdos de suspensión de la actividad minera que no se cumplen, han perdido demandas legales y hasta han sido llevados a juicio por cargos de sabotaje, terrorismo, agresiones, entre otros.

La Constitución del Ecuador ordena la realización de una consulta previa a las comunidades pero las experiencias de mesas de diálogo en este país andino se han dado cuando la actividad minera ya ha estado en desarrollo.

"La participación ciudadana se da, pero de manera tardía, ya cuando todo está decidido y esa participación no genera efecto vinculante", dice De Echave refiriéndose al caso peruano.

"Por ejemplo, un nuevo proyecto minero tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. La población es convocada al final y tiene un plazo muy corto para revisar estudios técnicos que son sumamente complicados, enormes, muy técnicos, sin que haya la posibilidad de que esas poblaciones tengan recursos, asesoría, para poder analizar, y además tampoco el marco legal les da ninguna garantía para que sus observaciones sean finalmente incorporadas en estos estudios de impacto ambiental", continúa.

Así planteados, estos mecanismos de participación no tienen ninguna utilidad para las comunidades. De ahí su demanda de una participación ciudadana oportuna y bien informada desde el inicio de la actividad.

"Las comunidades deben estar involucradas desde los inicios, desde los planes de desarrollo de prospección y de exploración de la compañía minera, hasta finalmente todo el proceso de evaluación de impacto ambiental y después del monitoreo en caso de que la comunidad acepte el proyecto minero", señala César Padilla, responsable del área de Minería y Comunidades del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

"Si la comunidad se opone por razones contundentes, de peso y bien fundamentadas a un proyecto minero, sencillamente el proyecto minero no tiene por qué desarrollarse", remarca Padilla.

Participación ciudadana
“La participación ciudadana se da, pero de manera tardía, ya cuando todo está decidido y esa participación no genera efecto vinculante”, dice De Echave refiriéndose al caso peruano.

“Por ejemplo, un nuevo proyecto minero tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. La población es convocada al final y tiene un plazo muy corto para revisar estudios técnicos que son sumamente complicados, enormes, muy técnicos, sin que haya la posibilidad de que esas poblaciones tengan recursos, asesoría, para poder analizar, y además tampoco el marco legal les da ninguna garantía para que sus observaciones sean finalmente incorporadas en estos estudios de impacto ambiental”, continúa.

Así planteados, estos mecanismos de participación no tienen ninguna utilidad para las comunidades. De ahí su demanda de una participación ciudadana oportuna y bien informada desde el inicio de la actividad.

“Las comunidades deben estar involucradas desde los inicios, desde los planes de desarrollo de prospección y de exploración de la compañía minera, hasta finalmente todo el proceso de evaluación de impacto ambiental y después del monitoreo en caso de que la comunidad acepte el proyecto minero”, señala César Padilla, responsable del área de Minería y Comunidades del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

“Si la comunidad se opone por razones contundentes, de peso y bien fundamentadas a un proyecto minero, sencillamente el proyecto minero no tiene por qué desarrollarse”, remarca Padilla.


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