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GUATEMALA
Manejo comunitario de bosques contra tala ilegal
Louisa Reynolds
26/03/2018
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Comunidades indígenas cumplen con estrictas reglas para asegurar la regeneración del bosque y proteger las fuentes hídricas.

El 20 de junio del 2017, intensas lluvias causaron una avalancha de lodo que descendió por la ladera de la Cumbre de Wachuná, municipio de San Pedro Soloma, en el noroccidental departamento de Huehuetenango, causando la muerte de 11 personas que se trasladaban a trabajar en un minibús. Dos días después, el número de muertos aumentó a 12 cuando un anciano de 94 años que había sido rescatado del alud, murió a causa de sus heridas en el hospital.

Durante ese mes, las autoridades guatemaltecas informaron que 1,060 personas habían sido evacuadas, 644 viviendas resultaron dañadas y 57,460 personas fueron afectadas por los deslizamientos causados por las intensas lluvias, principalmente en los departamentos de Petén y Huehuetenango, al norte del país.

Como resultado del cambio climático, Guatemala y otros países centroamericanos han soportado fenómenos climáticos extremos tales como huracanes y fuertes sequías. En el 2010, la tormenta tropical Agatha provocó inundaciones a lo largo de América Central, dejando 152 muertos y 100 desaparecidos por deslizamientos, y cinco años antes el huracán Stan mató 1,668 personas en toda la región —principalmente en Guatemala— como resultado de aludes provocados por las torrenciales lluvias.

El riesgo de deslizamientos mortales es particularmente grave en zonas donde la excesiva tala de madera ha despojado de vegetación a colinas y montañas, dejando sin barreras para contener el lodo, rocas y escombros en caso de lluvia torrencial.

No sorprende que Guatemala, que tiene la cuarta tasa más alta de deforestación del mundo después de Malasia, Paraguay e Indonesia, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), también tenga la cuarta tasa más alta de riesgo de muerte por deslizamientos, de acuerdo con el Índice de Riesgo de Mortalidad de las Naciones Unidas.

Según el Instituto Nacional de Bosques (INAB), 34% del territorio de Guatemala está cubierto por bosques (31.7 millones de hectáreas), pero cada año pierde 1% de esa cobertura boscosa.

Medidas enérgicas
Consciente de las consecuencias mortales de no poner freno a la deforestación causada por la agricultura, la tala ilegal y el uso generalizado de la leña, a principios del 2014 el INAB lanzó el Sistema Electrónico de Información de Empresas Forestales (SEINEF) de rastreo de madera, para registrar, monitorear y controlar el flujo de productos forestales  a través de empresas establecidas y registradas legalmente.

Antonio Guorón, jefe del departamento de mecanismos financieros del INAB, explicó a Noticias Aliadas que actualmente existen alrededor de 1,600 empresas madereras registradas en Guatemala que deben inscribir sus inventarios y transporte de todos los productos madereros, así como facturas en esta nueva plataforma en línea.

Las inspecciones se llevan a cabo, dijo Guorón, cuando se identifican “actividades sospechosas”, tales como empresas que anulan facturas sin razón aparente. Desde que se lanzó el SEINEF, el INAB ha presentado 450 demandas legales contra empresas que violan la ley.

Sin embargo, debido a que el sistema de justicia penal de Guatemala experimenta debilidad institucional y está plagado de elevadas tasas de impunidad y corrupción, enjuiciar a los infractores no es tarea fácil. Por esa razón, el INAB ha adoptado un enfoque pragmático y optado por un procedimiento legal acelerado conocido como “procedimiento abreviado”, en el que empresas que violan la ley se declaran culpables y pagan indemnizaciones por el daño causado en lugar de embarcarse en un largo proceso judicial.

Guorón citó como una limitación la falta de acceso al servicio de internet en algunas zonas rurales y aseguró que el INAB está trabajando en una solución para convertir el sitio web del INAB más compatible con teléfonos inteligentes ya que el uso de celulares prepago en Guatemala es generalizado, hasta en remotas áreas rurales.

“Ha habido un gran avance con relación a los controles del INAB sobre los productos de madera que ingresan y egresan en los centros de transformación industrial. Existe una debilidad en cuanto a controlar el transporte y comercialización de leña, lo que a mi criterio es una tarea pendiente en el INAB”, precisó a Noticias Aliadas César Augusto Sandoval, investigador del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar.

Alrededor del 70% de la población guatemalteca usa leña para cocinar y el IARNA estima que una persona usa en promedio una tonelada de leña por año.

“El problema de la leña es de tipo social-forestal; es parte del consumo para la sobrevivencia de la población de Guatemala, no provoca deforestación pero si puede degradar el bosque”, aseguró Sandoval, agregando que las autoridades deben reconocer eso y trabajar con las comunidades rurales para involucrarlas en programas de manejo forestal y proporcionarles medios de vida más sostenibles.

“Otro aspecto que limita al sistema de verificación de la legalidad forestal en Guatemala es el desconocimiento del derecho consuetudinario de los bosques para determinar qué es legal o ilegal. Lo ilegal se entiende como aquel proceso que evade tanto las normas locales [contempladas en el Código Penal] como las formales [usos y costumbres de los pueblos o derecho consuetudinario]. Toda vez no exista un consenso al particular, el uso de los recursos por parte de las comunidades y los pueblos indígenas estará en constante controversia con el derecho ordinario”, indicó.

Saldoval citó a Asilvochanol, una asociación local en Huehuetenango que ha trabajado con las autoridades guatemaltecas para reforestar 1,000 Ha de bosques y permitir a la población indígena local usar el subproducto del raleo para la leña, como un ejemplo de cómo el gobierno debería esforzarse para trabajar con las comunidades en vez de penalizar a los agricultores de subsistencia por usar leña.

El ejemplo de los 48 Cantones
La importancia de respetar los derechos comunitarios e indígenas a la tenencia colectiva de la tierra y manejo forestal es resaltada igualmente en un informe del 2015 de World Resources Institute (WRI), con sede en Washington, que analiza el impacto de los programas forestales manejados por las comunidades en Asia, África y América Latina, incluyendo concesiones forestales comunitarias en la Reserva de la Biósfera Maya de Guatemala, en términos de proteger los bosques tropicales y mitigar el cambio climático.

Uno de los ejemplos más exitosos y conocidos de manejo forestal por la comunidad son los “48 Cantones”, tierra forestal en el occidental departamento de Totonicapán de propiedad comunal de comunidades maya kiché desde la época colonial.

En los 48 Cantones está estrictamente prohibido talar dentro de un radio de 5 km de los recursos hídricos y si una familia necesita talar un árbol para leña, debe conseguir el consentimiento previo de los líderes de la comunidad y sólo los árboles más viejos pueden ser talados. Las penalidades por romper esa regla dependen del tamaño del árbol talado y van desde plantar cinco árboles a pagar multas equivalentes entre US$64 a $102.

Para asegurar la regeneración del bosque, cada año en mayo los líderes distribuyen plantones del invernadero comunal para que cada integrante de la comunidad pueda plantar cinco árboles en un área a su elección.

Las comunidades también observan estrictas reglas en relación al uso del agua de seis fuentes en el bosque. Si una familia desea construir una casa, debe buscar permiso del comité de agua local. Está prohibido usar agua para actividades consideradas superfluas, tales como lavar automóviles o motocicletas.

No es coincidencia que Totonicapán tenga la tasa de deforestación más baja del país, según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Actualmente, los 48 Cantones son ampliamente considerados en Guatemala como ejemplo de manejo forestal exitoso liderado por la comunidad. Pero la relación entre el INAB y las comunidades maya kiché no siempre fue fluida y armoniosa.

“Establecieron muchas políticas sin haber generado un diálogo con las autoridades comunitarias y con quienes hacen el manejo de bosques”, dijo a Noticias Aliadas Andrea Ixchiú, expresidenta de la junta directiva de Recursos Naturales de los 48 Cantones de Totonicapán. “Al principio la relación entre el INAB y los 48 Cantones era bastante negativa, pero con el paso del tiempo llegaron personas a dirigir la institución a nivel regional que tienen muchísima más sensibilidad y se generaron pautas de coordinación entre los dos modelos. A la fecha, no se generan políticas que no se hayan diseñado en conjunto con las autoridades comunitarias de Totonicapán”. —Noticias Aliadas.


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Sistema de verificación de legalidad forestal incluye procedimiento legal acelerado para enjuiciar a empresas madereras que violan la ley. / INAB
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
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