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AMÉRICA LATINA / EL CARIBE
Notas breves
Noticias Aliadas
12/12/2017
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América Latina y el Caribe, Argentina, Perú.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 5 de diciembre el “Informe sobe pobreza y derechos humanos en América”, el primero en abordar esta temática. Si bien, señala la CIDH, “en la última década se lograron avances importantes en materia de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (DESCA) que permitieron a grandes sectores de la población salir de la pobreza y la pobreza extrema”, esos logros se encuentran en riesgo de retroceso en América Latina y el Caribe. Para la CIDH, existe una interdependencia entre los derechos civiles y políticos y los ESCER, a la vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) “también ha establecido claramente el vínculo que existe entre el derecho a la salud y el derecho a la educación, al considerarlos pilares fundamentales para garantizar el disfrute de una vida digna”. La pobreza afecta a alrededor de un tercio de los 650 millones de habitantes de la región, particularmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes, indígenas, afrodescendientes, personas privadas de la libertad, personas con discapacidad, población LGBTI y adultos mayores.

El 38.6% de la población de América Latina y el Caribe, equivalente a 241 millones de personas, no cuentan con ningún tipo de protección social, mientras que el restante 61.4% con frecuencia accede a prestaciones cuya protección efectiva es muy baja, aseguró la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el “Informe Mundial sobre Protección Social 2017-2019”, divulgado el 4 de diciembre. Trabajadores rurales, independientes, de las microempresas y trabajadoras del hogar son excluidos de la protección social o poseen una cobertura efectiva muy baja debido a las limitaciones estructurales de las economías nacionales y a la gran incidencia de la informalidad laboral. El promedio de gasto total en protección social, excluida la salud, se sitúa en aproximadamente 16% del producto interno bruto (PIB) regional. La protección implica acceso a la asistencia médica y garantía de ingresos, en especial en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes en el trabajo o enfermedades profesionales, maternidad, o pérdida del principal generador de ingresos de una familia.

Barbados, Granada, Panamá, Santa Lucía y Trinidad y Tobago fueron incluidos en una “lista negra” de 17 paraísos fiscales adoptada el 5 de diciembre por los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea. Esta lista comprende a países cuyos compromisos han sido insuficientes en reforzar sus legislaciones tributarias. Igualmente fue publicada una “lista gris” en la que aparecen 47 naciones que han hecho avances en la transparencia y cooperación en materia fiscal, entre ellas Aruba, Belice, Bermuda, Islas Caimán, Curaçao, Jamaica, Perú, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Las sanciones para los países en la “lista negra” incluirían no acceder a fondos de desarrollo europeos y controles intensos a contribuyentes que actúen en dichas jurisdicciones. En febrero se analizarán los casos de los países del Caribe afectados por los huracanes en agosto y setiembre: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EEUU, San Cristóbal y Nieves, y Turcas y Caicos.

La justicia en Argentina “dio ayer un gran paso en materia de derechos humanos tras condenar a 29 represores a prisión perpetua por cometer delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención ESMA [Escuela de Mecánica de la Armada] durante la última dictadura [1976-83] y por arrojar vivos al mar a los prisioneros en los vuelos de la muerte”, indicó Amnistía Internacional en un comunicado publicado el 1 de diciembre. Organizaciones de derechos humanos calculan que unas 4,000 personas fueron lanzadas al mar tras haber sido drogadas. El juicio, que se inició en el 2012 y concluyó el 30 de noviembre, es la tercera parte de la megacausa ESMA conformada por nueve procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos en este centro de detenciones. El primer juicio se llevó a cabo en el 2007 contra el prefecto Héctor Febres, pero quedó inconcluso con el suicidio del acusado en su celda, y el segundo concluyó en el 2011 con 16 condenados, incluyendo al excapitán Jorge Acosta y al exteniente Alfredo Astiz. Ambos exmarinos recibieron una nueva cadena perpetua en este tercer proceso judicial.

Cinco representantes de empresas constructoras en el Perú fueron detenidos el 4 de diciembre luego que el juez anticorrupción Richard Concepción ordenara prisión preventiva de 18 meses por el pago de sobornos en el proyecto vial Interocéanica Sur, construido entre el 2005 y el 2010 y que une la costa sur peruana con la frontera con Brasil. Las empresas Graña y Montero, JJC e ICCGSA estaban asociadas con la brasileña Odebrecht en la  ejecución del proyecto y según el fiscal Hamilton Castro, que investiga el caso Lava Jato en el Perú, Odebrecht pagó una coima de US$20 millones al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Como debían compartir el soborno, en el 2011 las constructoras peruanas cedieron más de US$15 millones de sus utilidades a Odebrecht bajo la fachada de “riesgos adicionales”. El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia también están cumpliendo prisión preventiva desde julio, acusados de haber recibido $3 millones de Odebrecht para financiar su campaña electoral, mientras que sobre Toledo pesa un pedido de extradición a EEUU.


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