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AMÉRICA LATINA / EL CARIBE
Notas breves
28/06/2017
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Chile, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Perú, Panamá

La Corte Suprema de Justicia de Chile resolvió el 5 de junio autorizar al Perú para que abra un juicio al exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000) por el delito de lesa humanidad y asociación ilícita por la masacre de seis personas en la localidad de Pativilca, al norte de Lima. La matanza fue perpetrada el 29 de enero de 1992 por el llamado Grupo Colina, escuadrón de la muerte integrado por oficiales y agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, responsables de otras masacres como las de La Cantuta y Barrios Altos por las que Fujimori está cumpliendo condena. En febrero, el juez chileno Ricardo Blanco acogió la solicitud de la justicia peruana de ampliar las causales de la extradición de Fujimori para procesarlo por este caso. Tras ser extraditado de Chile en el 2007, Fujimori fue juzgado y condenado en el 2009 a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, secuestro agravado y corrupción.

Cuba ha registrado un ritmo de retroceso de sus arenales costeros de 1.2 metros por año e indicios de erosión se han encontrado en 82% de las 499 playas del país, de acuerdo con estudios realizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente dados a conocer el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Entre los efectos “perceptibles” del cambio climático en las zonas costeras, los expertos señalan el ascenso “lento y constante” del nivel del mar y un aumento de casi 1º C de la temperatura media desde mediados del siglo XX, mientras que la primera década del siglo XXI estuvo entre las más cálidas de la historia. Actualmente, el archipiélago cubano cuenta con 20% menos de agua dulce que en 1990. En abril, el gobierno cubano aprobó el Plan de Estado para Enfrentar el Cambio Climático que incluye acciones concretas para minimizar los impactos de este fenómeno.

La Corte Suprema de EEUU rechazó el 19 de junio una apelación presentada por un grupo de ciudadanos ecuatorianos contra la empresa petrolera estadounidense Chevron exigiendo que se haga responsable por contaminar la selva amazónica de Ecuador. Los demandantes exigen a Chevron el pago de una compensación de US$9.5 millardos, impuesta en el 2011 por un tribunal ecuatoriano por la contaminación de agua y suelo provocada por Texaco —adquirida por Chevron en el 2001— entre 1964 y 1992, cuando operó en Ecuador. La petrolera sostiene que un acuerdo de 1998 entre el gobierno ecuatoriano y Texaco la exime de responsabilidades. Los demandantes aseguran que la decisión de la Corte Suprema estadounidense no tiene injerencia sobre las acciones legales emprendidas en otros países para cobrar la indemnización.

Nicaragua presentó el 13 de junio un informe sobre el panorama del VIH/SIDA en el país. Desde el primer caso detectado en 1987, señala el documento, se han diagnosticado 12,157 pacientes con VIH, de los cuales 65% son hombres y 35% mujeres; 69% se encuentra entre los 20 y 39 años. En los pasados 30 años, 20% (2,429) ha fallecido. Actualmente, el Ministerio de Salud tiene registradas 9,728 personas con la enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoció que uno de los grandes avances de Nicaragua en la lucha contra el SIDA ha sido la erradicación de la transmisión del VIH de madre a hijo/a en periodo prenatal, al garantizar tratamiento a las embarazadas que presenten el virus. En el 2007, de 47 mujeres embarazadas con VIH nacieron 45 infantes infectados; en el 2016, de 114 embarazadas con VIH, sólo dos bebés eran portadores del virus.

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue detenido el 12 de junio en Miami, EEUU, en respuesta a una orden de arresto emitida en diciembre del 2015 por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Martinelli es acusado de utilizar fondos públicos para espiar ilegalmente a cientos de opositores políticos durante su mandato. El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó su extradición en setiembre del 2016 y en abril fue emitida una alerta roja de Interpol. Martinelli solicitó asilo político a EEUU en julio del 2015, señalando ser un perseguido político del actual gobierno del presidente Juan Carlos Varela. El exmandatario también enfrenta procesos por corrupción incluyendo recepción ilegal de comisiones, uso de información privilegiada, extorsión y otorgamiento de indultos. En caso la extradición sea aprobada, sólo se le podrá juzgar en Panamá por los delitos por los que se ha solicitado la extradición.


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