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NICARAGUA
Por una verdadera autonomía para la población afrodescendiente
Carmen Herrera
11/08/2016
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Creoles, garífunas e indígenas de la costa del Caribe reclaman respeto a su territorio, lenguas y costumbres.

“Para mí, el proceso de autonomía de la Costa Caribe en Nicaragua nunca pasó de ser una ilusión para las poblaciones de la región. En teoría este proceso debía permitir entre otras cosas: mayor y mejor planificación de programas y proyectos para y desde las comunidades étnicas; derecho y potestad de administrar recursos [financieros y naturales]; autonomía y diligencia en la administración del presupuesto asignado a las regiones autónomas; potestad de proponer leyes y reformas de estas ante la Asamblea Nacional; mayor independencia en la administración pública; la posibilidad de una visión de región. Pero, nada de esto ha sido posible. Ha sido todo lo contrario”, expresó a Noticias Aliadas, Shakira Simmons, activista negra feminista.

Hablar en Nicaragua de la población negra para un país de mayoría hispanoparlante, mestiza y católica, hace recordar que existen en más de la mitad de su territorio, en el Caribe, otras poblaciones que, junto a los afrodescendientes, fueron colonizados por los ingleses y no por los españoles, como es el caso del Pacífico, y que además fue un territorio anexado por el gobierno liberal del presidente José Santos Zelaya (1893-1909) en 1894 mediante un proceso denominado “reincorporación de la Mosquitia”, sin tomar en cuenta las diversidades culturales, económicas y lingüísticas de aquellas poblaciones, a las que se le impuso el castellano como lengua oficial y una estructura de gobierno basada en el esquema occidental que dejó la colonia española y que tomó sus recursos para ser administrados por el Estado nacional.

Asimismo, no se puede hacer referencia sobre la población negra o creole, como se identifica también, sin separarla de los indígenas mayagnas, miskitos, garífunas, ramas y costeños mestizos, con quienes no sólo comparten historia, sino también una identidad “costeña”, a pesar de las ingentes diferencias que separan a unos de otros. No hablan el mismo idioma, ni comparten expresiones culturales y organización social, pero lo que sí tienen en común es una solidez como poblaciones para enfrentar las imposiciones sistemáticas del Estado mestizo del Pacífico y sus prácticas racistas, cargadas de prejuicios, producto del desconocimiento y falta de información desde la educación formal impuesta por los distintos gobiernos desde su “reincorporación” a fines del siglo XIX, situación que les llevó en los años 80 a luchar por la aprobación de la Ley 28, “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”.

Desde la “reincorporación de la Mosquitia” hasta la fecha, muy poco se ha “reincorporado”, según coinciden habitantes de la Costa Caribe, con una extensión territorial de 60,366 km², constituyendo más de la mitad del territorio nacional que ronda los 125,000 km².

Inclusión fallida
En 1987, durante la Revolución Popular Sandinista (1979-89), la población de la Costa Caribe exigía una verdadera inclusión política y económica al resto del país, con autonomía y respeto a sus diferencias. Ante el rechazo a la forma en que la revolución intentó anexar esa región del país, con base en los principios de un proceso y lucha gestados en su mayoría por mestizos del Pacífico y centro del país, el gobierno revolucionario, con el apoyo de la población costeña en general y el empuje sistemático de los creoles en particular, aprobó el “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua”.

A partir de la aprobación de esta ley, en el entonces denominado departamento de Zelaya —nombrado así después de su “reincorporación”— se produjo una división geográfica que partió en dos el antiguo departamento que se denominaron zonas especiales conocidas hasta hoy como Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS). Cabe destacar que a la fecha, la población costeña ha promovido que se cambien estos nombres utilizando Caribe, en vez de Atlántico, dado que esas regiones forman parte de esa cuenca.

En su considerando VII, la Ley 28 determina que “el nuevo orden constitucional de Nicaragua establece que el pueblo nicaragüense es de naturaleza multiétnica; reconoce los derechos de las comunidades de la Costa Atlántica a preservar sus lenguas, religiones, arte y cultura; al goce, uso y disfrute de las aguas, bosques y tierras comunales; a la creación de programas especiales que coadyuven a su desarrollo y garantiza el derecho de estas comunidades a organizarse y vivir bajo las formas que corresponden a sus legítimas tradiciones”.

Sin embargo, y a casi a 30 años de su promulgación, se puede observar que la población caribeña ha preservado sus lenguas, religiones, arte y cultura; no así sus recursos, los cuales son administrados hasta la fecha por el gobierno central.

“Desde que en 1894 la Costa Caribe fue anexada a la República de Nicaragua, ha sido una verdadera ‘colonia’ del Pacífico. Se han extraído sus recursos naturales (oro, pesca, madera, entre otros), sin haberse canalizado suficientes recursos para el beneficio del territorio atlántico”, expresó la Conferencia Episcopal en un comunicado publicado en mayo del 2014 frente a la problemática presentada en territorio caribeño con la invasión de colonos del Pacífico a tierras indígenas.

La población negra de la Costa Caribe de Nicaragua se conoce como creole, un término acuñado por los historiadores para referirse a descendientes de africanos que no fueron esclavos y que se mezclaron con otros grupos étnicos, principalmente con sus conquistadores ingleses. Habitan mayoritariamente en la RAAS, en las ciudades de Bluefields, Rama Cay y Corn Island. Su lengua principal es el inglés standard, conocido como kriol, y como segunda lengua hablan el español. Son percibidos como orgullosos de su identidad, cultura y lengua.

Divisiones y protagonismos
Aunque es una de las poblaciones más pequeñas, los creole lideran política y culturalmente la RAAS y representan el grupo más educado de los seis que habitan la región, alcanzando niveles de escolaridad similares a los de la mayoría mestiza y fueron en su momento los más beligerantes en el proceso que conllevó la aprobación de la Ley 28 durante los años 80.

“La población afrodescendiente de ese momento creyó en aquella ilusión de la ley de autonomía y las bondades que traería. Pero el Estado dispone de todo, y me refiero a un Estado que históricamente ha excluido a las poblaciones de ambas regiones, que utiliza a integrantes de otras poblaciones étnicas a su favor”, reflexiona Simmons. “Es posible que la población afrodescendiente sea la más visible en este momento en los espacios de toma de decisiones, pero también hay y siguen habiendo poblaciones indígenas y ‘mestizos costeños’ que se han prestado a los juegos y los intereses del gobierno para dar una idea que la autonomía es una realidad”.

Algunos afrodescendientes consultados coinciden en afirmar que otro elemento que dificulta alcanzar la autonomía es la jerarquía étnica que ha existido desde siempre, en la cual hay grupos que se sienten más valiosos que otros. Afirman que el racismo, la discriminación y las desigualdades internalizadas —y a veces incluso inconscientes— de las poblaciones permiten las divisiones y los protagonismos que tanto daño están haciendo a la región.

Un afrodescendiente que pidió omitir su nombre, afirmó a Noticias Aliadas, que muchos creoles que promovieron el cumplimiento de la ley de autonomía durante los gobiernos neoliberales (1990-2006), son los mismos que actualmente ocupan posiciones de poder a la par del actual gobierno sandinista que preside Daniel Ortega desde el 2007.

“Han dejado de defender, han cambiado sus discursos, han dejado de cuestionar e incluso de proponer cambios, ahora se les nota más por su silencio o por simplemente repetir la retórica gubernamental”, manifestó.

Aunque el Estado nicaragüense cuenta con muy buenas leyes y ha firmado y ratificado declaraciones e instrumentos internacionales de reconocimiento y respeto a las poblaciones “minoritarias”, entre ellas la afrodescendiente, Simmons considera que ha hecho muy poco o casi nada por cumplirlas y hacerlas cumplir.

“Han prevalecido los intereses económicos a los derechos ancestrales y los derechos humanos de la población indígena, creole y garífuna. El derecho a la tierra, el disfrute y la administración de los recursos naturales de sus territorios, la preservación del idioma y las costumbres, el acceso a servicios de salud y educación de calidad, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho al empleo y una vida digna son solo algunos ejemplos de los derechos que siguen siendo violentados en el día a día en la región. Esto sin mencionar aquellos asociados con la participación política. En lo personal siento, que en vez de vivir el proceso de autonomía como fue concebido para los afrodescendientes, vivimos bajo un aparato estatal racista, adultista, misógino, expulsor y capitalista”, expresó.

De todos modos, según se desprende de información documental facilitada por Margarita Antonio, antropóloga y comunicadora de la Costa Caribe, a Noticias Aliadas, se destacan como logros del proceso autonómico para las poblaciones de la Costa Caribe: la educación intercultural bilingüe a nivel de primaria y secundaria; el establecimiento y funcionamiento de universidades caribeñas; el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el Caribe mediante la titulación de 22 territorios; y el crecimiento significativo de la presencia de mujeres y hombres costeños en el gobierno nacional.

Quedan pendientes, según el documento “Costa Caribe, pueblos y territorios” de Antonio, el saneamiento de los territorios, el fortalecimiento de los Gobiernos Territoriales Indígenas, el control de la deforestación, mayor autonomía real en la toma de decisiones sobre los asuntos de la Costa Caribe, promover un diálogo intercultural verdadero y titular el territorio de Bluefields como Creole Black Government, más tres áreas complementarias. —Noticias Aliadas.


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Para Shakira Simmons, trabajadora social y activista feminista, la población afrodescendiente vive bajo un aparato estatal racista. / Archivo personal
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