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COLOMBIA / VENEZUELA
Crisis política y humanitaria por cierre de frontera
Noticias Aliadas
31/08/2015
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Presidente venezolano Nicolás Maduro decretó estado de excepción en zona fronteriza con Colombia para combatir contrabando e inseguridad.

Más de 1,000 ciudadanos colombianos adultos y niños fueron expulsados de Venezuela luego que el presidente Nicolás Maduro decretara el 21 de agosto estado de excepción y suspensión de las garantías constitucionales por 60 días prorrogables en seis municipios fronterizos con Colombia. La medida se dio a raíz de que tres militares venezolanos resultaran heridos en un enfrentamiento con contrabandistas ocurrido dos días antes.

En un mensaje al país, Maduro anunció estado de excepción en los municipios fronterizos de Urdaneta, Bolívar, Ureña, Junín, Capacho Libertad y Capacho Independencia “como parte de las medidas para restablecer el orden, la paz, la tranquilidad, la justicia y una frontera verdaderamente humana”.

La decisión de Maduro está enmarcada en la lucha de su país contra grupos armados y contrabandistas. Según informes periodísticos, en la zona es frecuente la presencia de paramilitares y guerrilleros colombianos, así como el contrabando desde Venezuela de combustible y productos básicos regulados y subsidiados que son vendidos a varias veces su valor en Colombia.

Aunque la reacción del presidente colombiano Juan Manuel Santos ha sido mantener el diálogo, lo cierto es que la medida implementada por Maduro ha provocado una crisis política entre ambos países.

Santos declaró que el cierre de la frontera no es solución a los problemas de seguridad en la zona y que ambos gobiernos deben trabajar estrechamente.

“Si es por cuestiones de seguridad, la respuesta no debería ser cerrar la frontera”, declaró el mandatario colombiano. “Si cooperamos, los únicos que pierden son los delincuentes, pero si se cierra la frontera y no hay coordinación, los únicos que ganan son los delincuentes. Debería ser, más bien, colaborar en forma más eficaz con las autoridades colombianas”.

La deportación sumaria de los alrededor de 1,200 ciudadanos colombianos, incluyendo unos 240 niños, ha provocado una “crisis humanitaria”, dijo Santos. Otros 1,000 abandonaron sus hogares en Venezuela ante amenazas de expulsión.

Amnistía Internacional  (AI) manifestó en un comunicado el 26 de agosto su preocupación sobre “maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías”. Señaló además que “grupos familiares habrían sido separados y que habría resultado en algunos casos en niños y niñas abandonados en Venezuela después de la expulsión de sus padres a Colombia”.

AI señaló que el Estado venezolano “tiene el deber de mantener la seguridad y el orden público, incluido en las zonas fronterizas y que en algunas circunstancias extraordinarias y previstas en la ley, pueden decretar estados de excepción por un período limitado. Sin embargo, estas acciones no pueden resultar en violaciones de derechos humanos”.

“Los procedimientos de expulsión o deportación deben contener todas las salvaguardias previstas en los instrumentos legales internos y ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. Para ello el estado venezolano debe asegurarse de que los casos de todas las personas cuya expulsión o deportación se está considerando son examinados individualmente mediante un procedimiento justo y transparente en el que puedan impugnar la expulsión y lograr que se revisen sus casos”, precisó AI.

Acaparamiento y contrabando
Mientras tanto en Venezuela, el 12 de agosto se cumplió un año de la implementación del Plan Nacional contra el Contrabando, dirigido a combatir el acaparamiento y el tráfico ilegal de alimentos y combustible, y que ha permitido la detención de unas 6,000 personas, inhabilitación de trochas y la confiscación de 19,000 TM de productos.

Las autoridades venezolanas acusan a los migrantes colombianos de agravar la crisis de escasez que se vive en el país, al acaparar y contrabandear productos básicos regulados y subsidiados y venderlos a cinco o seis veces su precio al otro lado de la frontera. La Ley de Precios Justos establece penas de cárcel de tres a cinco años por la reventa de dichos productos.

Unas 170,000 personas cruzan diariamente la frontera colombo-venezolana, que tiene 2,219 km de extensión.
Según Maduro, más de 5 millones de ciudadanos colombianos viven en Venezuela, que “vienen huyendo de la violencia, la guerra y buscando en Venezuela la protección social en la educación, salud y trabajo”.

Maduro ha asegurado que 121,834 colombianos han ingresado este año a Venezuela. Sin embargo, cifras de Migración Colombia señalan que entre enero y agosto unos 315,000 ciudadanos colombianos viajaron a Venezuela, de los cuales retornaron 307,000. Es posible, sostienen las autoridades colombianas, que de los 8,000 que no regresaron una cierta cantidad haya viajado a terceros países.

Igualmente, Migración Colombia indica que alrededor de 183,000 venezolanos ingresaron a Colombia, de los cuales 174,000 volvieron a su país. Un estudio de la Universidad Central de Venezuela calcula que 1.6 millones de venezolanos abandonaron el país desde 1999 cuando el expresidente Hugo Chávez (1999-2013) llegó al poder.
En un comunicado, la Cancillería colombiana solicitó a Venezuela que “respete la integridad y los derechos humanos de los ciudadanos colombianos que sean objeto de detenciones, deportaciones y demás acciones adelantadas”.

“Exigimos que antes de aplicar medidas de deportación se analice la situación familiar para garantizar la unión entre padres e hijos”, señala el comunicado.

La respuesta de Maduro ha sido que no reabrirá la frontera hasta que “se restablezca un mínimo de convivencia y respeto a la legalidad”.
—Noticias Aliadas


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