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CHILE
Bachelet enfrenta crisis de confianza
Noticias Aliadas
25/05/2015
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Movilizaciones estudiantiles y acusaciones de corrupción provocan desplome de aprobación de mandataria.

Una jornada de protestas estudiantiles, convocada para el 14 de mayo en todo el país, se vio enlutada por el uso de la violencia civil que cobró la vida de dos estudiantes, identificados como Exequiel Borbarán y Diego Guzmán, en la ciudad portuaria de Valparaíso. El responsable de las muertes fue otro joven, Giuseppe Briganti, quien les disparó aduciendo que  los estudiantes estaban dañando su propiedad.

Estudiantes, profesores y trabajadores de la Educación reclaman cambios significativos en los proyectos de reforma educativa que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet.

 “Entendemos que este hecho no es un caso aislado, sino que es consecuencia de un modelo social que sobrepone lo individual por sobre lo colectivo, llevando incluso a valorizar la propiedad privada por sobre la vida de las personas”, señaló en un comunicado la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH). “Es nuestro deber como estudiantes no bajar los brazos en la búsqueda de una reforma que consagre la educación como un derecho al servicio de las mayorías del país y no el interés de unos pocos”.

La presidenta Bachelet de inmediato se pronunció sobre los hechos calificándolos como “irracionales” y “injustificados”. Pero la presión de los estudiantes surtió efecto. La mandataria anunció el 21 de mayo la gratuidad de la educación superior para los estudiantes más pobres.

En un mensaje al país, la mandataria manifestó que “avanzando en nuestro compromiso de alcanzar la gratuidad para el 70% de los estudiantes más vulnerables de Chile al fin de mi período [en el 2018], a partir del 2016 aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a centros de formación técnica, a institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca ni crédito. Esto beneficiará a casi 264,000 jóvenes”.

Las manifestaciones estudiantiles no son novedad en Chile. En el 2006, masivas protestas contra la falta de educación pública gratuita en Chile, organizadas por grupos estudiantiles fueron un gran desafío para el primer gobierno de Bachelet (2006-2010. Los reclamos estudiantiles resultaron en algunas concesiones y reformas por parte de las autoridades de entonces, incluyendo la aprobación de la Ley General de Educación en reemplazo de la ley de enseñanza y la creación de una superintendencia de educación para monitorear la calidad de las escuelas.

En el 2011, durante la presidencia de Sebastián Piñera (2010-2014), nuevamente los estudiantes salieron a las calles en todo el país reclamando educación pública de calidad y fin al lucro del sistema educativo. El gobierno de Piñera no impulsó reforma educativa alguna y terminó su mandato con un bajo porcentaje de aprobación.

Bachelet cumplió en marzo el primer año de su segundo mandato y entre sus logros se encuentran la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la modificación del sistema electoral y la aprobación de la reforma tributaria. Según la fundación no gubernamental Ciudadano Inteligente, el 16.4% de las promesas de campaña fueron cumplidas en el primer año de gobierno. Sin embargo, la mandataria tiene pendientes reformas en importantes sectores como salud, trabajo, discapacidad y cultura.

Control de daños
Las movilizaciones estudiantiles se dan en el contexto de la crisis de confianza que el gobierno de Bachellet está enfrentando. En un intento por remontar la desaprobación a su gestión, que alcanza el 56%, el 11 de mayo la Presidenta cambió gran parte de su gabinete.

Según Bachelet, “se requiere poner renovadas energías y rostros nuevos al frente de las tareas”.

La coalición gubernamental Nueva Mayoría —que incluye a los partidos de la Concertación Democrática (Demócrata Cristiano, Por la Democracia, Radical Socialdemócrata y Socialista) que gobernó Chile entre 1990 y el 2010, a la que se sumaron el Partido Comunista, Izquierda Ciudadana y el Movimiento Amplio Social—ha sido acusada de estar involucrada en tráfico de influencias. Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Bachelet, está acusado de utilizar información privilegiada para conseguir un préstamo de US$10 millones para un proyecto inmobiliario de propiedad de su esposa.

“Esto es grave, porque deteriora nuestra democracia y crea abusos, privilegios, y desigualdad”, advirtió Bachelet en un mensaje público.

Asimismo, a comienzos de marzo fueron filtradas a la prensa unas declaraciones que pusieron en evidencia las estrechas relaciones entre políticos de la derechista Unión Democrática Independiente (UDI) e importantes empresas, que revelaban evasión de impuestos para financiar ilegalmente a dicho partido.

Debido a estas acusaciones, el gobierno decidió acelerar una serie de medidas dirigidas a combatir la corrupción, como la eliminación de aportes anónimos. También ha planteado una reforma en cuanto a la reglamentación de campañas electorales, que ayudarían a regular la relación entre las empresas privadas y los cargos públicos.

Bachelet también anunció que en setiembre se iniciará el proceso para elaborar una nueva Constitución que reemplace a la actual aprobada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).

Mientras tanto, las manifestaciones en todo el país han continuado, enfrentando una fuerte represión que ha dejado numerosos heridos y detenidos.
—Noticias Aliadas.


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