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PARAGUAY
Gobierno con manos libres para reprimir
Gustavo Torres, Paulo López
08/05/2015
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Autoridades recurren a diversas estrategias para criminalizar a pobladores rurales y campesinos que defienden sus tierras o reclaman la recuperación de estas.

La demanda del acceso a tierra y a una alimentación adecuada de parte de organizaciones campesinas es respondida por el gobierno con represión y criminalización de sus dirigentes.

El caso más emblemático de represión y criminalización de la lucha por la tierra de la historia paraguaya reciente lo constituye la masacre de Curuguaty, departamento oriental de Canindeyú, a unos 270 km al noreste de Asunción, donde fallecieron 11 campesinos y seis policías. El 15 de junio de 2012 un pelotón de más de 300 policías procedieron a desalojar con una orden de allanamiento a un campamento de poco más de 60 campesinos que habían ocupado la estancia “Campo Morumbí” —los labriegos exigían la recuperación de unas 2,000 Ha de una propiedad pública usurpada en décadas pasadas por el expresidente del derechista Partido Colorado, Blas N. Riquelme— en el distrito de Curuguaty. Los hechos que fueron utilizados como pretexto por el Congreso para destituir al presidente Fernando Lugo (2008-2012) una semana después.

El dirigente campesino Rubén Villalta fue arrestado en setiembre del 2012 por la muerte de los policías en Curuguaty, mientras que no hay nadie imputado por la muerte de los 11 campesinos.  El  juicio contra los 13 campesinos acusados por este caso, que enfrentaban cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, ha sido pospuesto por la Justicia en varias ocasiones.

Villalta, que fue excluido del caso, ya ha acumulado 29 meses en prisión preventiva y tres huelgas de hambre. Sin embargo, Villalba fue condenado en febrero a siete años de prisión por su supuesta participación en otro caso: la retención de un vehículo de la Fiscalía que en el 2008 investigaba la denuncia de los propietarios de una finca dedicada al cultivo de soja en la colonia Pindó, distrito de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, en el noreste de Paraguay.  En esta propiedad, los campesinos protestaban aduciendo que los dueños estaban fumigando sin las mínimas medidas de seguridad. Fue acusado por delitos de “privación ilegítima de libertad, coacción y coacción grave”.

Con la profundización del modelo agroexportador de la mano del actual gobierno de Horacio Cartes, organizaciones y comunidades están determinadas a impedir el cultivo y fumigación de especies transgénicas en sus comunidades. En cumplimiento de esta decisión, organizaciones como la Federación Nacional Campesina (FNC) —presente sobre todo en los departamentos norteños de San Pedro, Concepción y Canindeyú, importantes zonas productoras de soja— ponen el cuerpo para impedir los desmontes o la fumigación.

En respuesta, el gobierno brinda protección policial a los agroempresarios que fumigan en violación de las leyes ambientales. La normativa en materia de uso de productos fitosanitarios dispone la prohibición de aplicar “defensivos químicos” a 100 metros de cualquier asentamiento humano, camino vecinal o curso de agua y obliga a que las parcelas tratadas tengan una barrera viva de protección de al menos dos metros de alto y cinco metros de ancho.

A pesar de que la mayoría de las parcelas con monocultivos no reúnen estos requisitos, el gobierno despliega aparatosos operativos policiales para reprimir y detener a los campesinos. A esto se añade una aceitada maquinaria judicial que mantiene imputados a más de un millar de pobladores rurales que se levantaron contra los estragos causados en sus comunidades por el glifosato, que mata sus animales, cultivos y ha disparado los casos de malformaciones y cáncer en las personas expuestas a las fumigaciones e incluso en la población urbana que consume los productos tratados o contaminados con estos productos. Esto último según estudios realizados por investigadores del hospital de clínicas dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción.

El latifundio
Diosnel Sachelaridi, secretario general de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), sostiene que el principal problema a combatir es el latifundio y el modelo dependiente de producción de commodities para la exportación que de él se deriva. En contraste a esta matriz productiva, observa la necesidad de una política de Estado para industrializar la materia prima a fin de que el desarrollo llegue a todos y no sólo a un puñado de agroexportadores que manejan el negocio de la soja y la carne, entre estos la estadounidense Monsanto, la de mayor presencia en el país.

Entre las estrategias desplegadas con el fin de perseguir a las organizaciones rurales, Sachelaridi menciona incluso métodos de “autogolpe” (en referencia a un posible montaje para incriminar a los campesinos que reclaman una parcela de tierra) de los propietarios a fin de desatar persecuciones contra los campesinos. El último de los episodios de mayor crispación fue el ocurrido el 28 de marzo en la estancia Pindó, ubicada  en  la colonia Naranjito, distrito de Yvyrarovaná, departamento de Canindeyú, en el que según la versión oficial unas 150 campesinos —que reclaman la recuperación de 5,000 Ha— atacaron un establecimiento incendiando maquinarias y tanques. Las pérdidas denunciadas por la empresa oscilaron entre US$500,000 y $1 millón. Por este caso los integrantes de la OLT Benigno Coronel, Milciades Coronel y Epifanio Giménez fueron imputados bajo los cargos de robo agravado, asociación criminal, coacción grave, amenaza de hechos punibles y producción de riesgos comunes, Sachelaridi rechazó las acusaciones y sostuvo que el prender fuego a establecimientos no es un método de lucha por la tierra que ellos utilizan.

Consultado por Noticias Aliadas, Ramón Medina Velazco, secretario de organización del Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS) —que integra el Frente Guasu del expresidente Lugo y que forma parte del Congreso Democrático del Pueblo (CDP)—, afirma con énfasis que el presidente Cartes acumula “súper poderes” desde el momento que consiguió la aprobación de la Ley de APP (Alianza Público-Privada), que lo habilita para privatizar bienes, recursos y entes públicos; y la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna para militarizar el país sin necesidad del acuerdo del Congreso.

Desde el 23 de agosto del 2013, ocho días después de la asunción de Cartes a la presidencia, está vigente la normativa que modificó la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que lo habilita a recurrir a las fuerzas militares para cumplir misiones de orden interno sin necesidad de declarar estado de excepción y sin la aprobación del Congreso.

La determinación de modificar dicha ley la tomó Cartes a raíz de que dos días después de su asunción, en una estancia en el departamento de San Pedro (a 300 km al norte de Asunción) aparecieron muertos cuatro peones y un policía que en su “tiempo libre” trabajaba como guardia armado en el establecimiento ganadero. El ataque fue atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Represión y muerte
A fines de noviembre del 2014, la organización humanitaria Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAJ) —que monitorea y analiza los efectos de la militarización en la sociedad como política de seguridad estatal— presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados testimonios de pobladores de la zona militarizada en los departamentos de San Pedro y Concepción, que revelan la represión y muerte de pobladores a manos de las fuerzas combinadas desplegadas en la zona norte del país.

El 15 de noviembre de 2014, miembros de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) —contingente compuesto por policías y militares, creado por decreto presidencial el 24 de agosto del 2013 con el supuesto fin de repeler a los grupos armados en el norte del país— dieron muerte a Vicente Ojeda, padre de familia de 29 años y poblador del asentamiento campesino Arroyito, Núcleo 4, en un operativo que, señalaron, iba tras los rastros de integrantes del EPP y la Agrupación Campesina Armada (ACA). En este tipo de procedimientos los uniformados cometen abusos y detenciones contra la población civil bajo sospechas que en muchos casos no pueden ser sostenidas por el Ministerio Público, que se ve obligado posteriormente a desestimar los cargos.

“La única herramienta con que cuenta el pueblo ante el abuso del Ejecutivo son las movilizaciones ciudadanas, y en tal sentido, el Congreso Democrático del Pueblo representa el espacio unitario para articular el descontento contra la política antipopular y represiva del gobierno de Cartes”, sostiene Medina Velazco.

En este cuadro de violencia estatal y cierre de las vías institucionales para canalizar los reclamos, las organizaciones asumen que el único camino es seguir en la lucha constante por la reforma agraria en un país en que, según los datos del censo agropecuario, el 2.6% de las fincas acaparan el 85.5% de la superficie. —Noticias Aliadas.


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Marcha anual de la Federación Nacional Campesina (FNC) en Asunción en reclamo de la reforma agraria y en contra del modelo agroexportador. (Foto: Paulo López)
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