Jueves, 17 de Enero, 2019
Sección de suscriptores(as) Identificación Contraseña
ECUADOR
Nuevo mapa político
Luis Ángel Saavedra*
30/04/2014
Envíe un comentario Imprima el texto de esta página

Ante fracaso electoral del oficialismo, Correa busca controlar territorios y gobiernos locales.

Durante sus siete años de gobierno, el presidente Rafael Correa se mostró imbatible en el plano electoral, pues ganó todas las elecciones con un margen que parecía imposible de revertir en los siguientes años, en especial por los resultados de los comicios 17 de febrero del 2013 que determinaron su reelección como presidente en primera vuelta, y haber logrado una conformación de la Asamblea Nacional con casi el 90% a su favor, permitiéndole contar con las leyes que ha deseado que se promulguen y bloquear cualquier propuesta legislativa surgida desde la oposición.

Sin embargo, el pasado 23 de febrero Correa sufrió el primer revés electoral que mostró sus debilidades y las fricciones internas de su movimiento Alianza País y, sobre todo, dejó la sensación de que sí se le puede vencer.

Ese día se eligieron los prefectos para los gobiernos de las 24 provincias así como los alcaldes municipales y parroquiales y, aunque Alianza País se mantiene como la principal fuerza política y ganó la mayoría de alcaldías y prefecturas, el haber perdido el control de las principales ciudades y de varias provincias que mantenía en su poder, ha generado una sensación de victoria por parte de las fuerzas opositoras al régimen, en especial de la derecha ecuatoriana que asumió el control de Quito y mantuvo el mando en Guayaquil.

Aunque son varios factores locales los que provocaron la derrota de Alianza País, un elemento común fue la excesiva injerencia del presidente en la campaña electoral al no permitir que los candidatos locales consoliden su imagen de autoridad.

“En el Azuay no nos gusta que nos den hablando [que hablen por nosotros]”, afirmó reiteradamente el prefecto reelecto Paúl Carrasco durante la campaña electoral, en la que participó representando a una coalición de izquierda que incluía el movimiento indígena. Con esto, Carrasco ponía énfasis en que los candidatos oficialistas no tenían voz propia y dejaban que el gobierno hable por ellos, lo que resultó contraproducente en la campaña electoral de esta provincia sureña, empeñada en desarrollarse de manera autónoma. El oficialismo también perdió la alcaldía de Cuenca, la capital del Azuay.

En el caso de Quito, el voto contra Correa fue más evidente aunque el presidente se empeñó en no reconocerlo, a tal punto que incluso llegó a pedir el voto nulo, aduciendo la mala imagen del actual alcalde, el oficialista Augusto Barrera, quien postulaba a la reelección: “Por último si no logran captar ese voto y hay un voto anti-Barrera, que anulen el voto, pero que no se lo den al enemigo”, dijo Correa días antes de la elección. Efectivamente, el voto general fue para Mauricio Rodas, del Movimiento Suma, que representa a una renovada derecha ecuatoriana.

Un similar escenario se vivió en otras capitales provinciales y algunas ciudades de vital importancia política y económica para el país, como Ibarra, Ambato, Riobamba, Manta, Lago Agrio, Puyo, Zamora, entre otras.

Desviar el debate
Para evitar el debate sobre si Correa perdió o no en estas elecciones, voceros del Partido Socialista, aliado al gobierno, anunciaron una propuesta para permitir la reelección presidencial, con lo que el debate político fue desviado hacia la conveniencia o no de un cuarto gobierno consecutivo de Correa —actualmente la reelección está limitada sólo a dos mandatos consecutivos de cuatro años, a pesar de que Correa logró obtener un tercer mandato tras la aprobación de la Constitución en el 2008—, siendo mayores las voces que mostraron su desacuerdo con esta propuesta, incluyendo la de Barrera.

La propuesta de reelección de Correa en los comicios del 2017 y la derrota en las principales ciudades del país, mostró la carencia de otros liderazgos en Alianza País y, por tanto, la necesidad de mantener la imagen presidencial como la única con capacidad de sumar los votos necesarios para sostener el proyecto político de esta agrupación. Esto  puso en evidencia también la incapacidad de analizar las causas del revés electoral que llevaron al fracaso el plan gubernamental de controlar los gobiernos seccionales, en especial de las zonas en donde se implementan políticas extractivas, como las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, donde se extrae petróleo, y Azuay, Loja, Zamora y Morona Santiago, en el sur, consideradas para la industria minera a gran escala.

“La propuesta de reelección no es más que un globo de ensayo para distraer el análisis de lo que pasó el 23 de febrero”, afirmó a Noticias Aliadas el analista político Jorge León. “Por eso, al no funcionar la distracción debido a la gran cantidad de voces en contra, se debió retomar el análisis de las elecciones seccionales y buscar una forma de controlar a los gobiernos seccionales a pesar de haberlos perdido en las elecciones”.

El análisis, por una parte, se volcó hacia los errores de la dirigencia de Alianza País que no dieron paso a formar alianzas con los movimientos locales que resultaron ganadores, en especial con el Movimiento Avanza, liderado por Ramiro González, ministro de Industrias del actual régimen, y que consiguió 42 alcaldías y 2 prefecturas, convirtiéndose en la segunda fuerza política del país. La cúpula de Alianza País debió ser renovada, con lo que se endosó el fracaso a la dirigencia saliente de este movimiento y se mantuvo protegida la imagen de Correa y en reserva para lo que se pueda dar rumbo a las elecciones del 2017.

Por otra parte, contando con mayoría legislativa, se inició el trámite de una ley, propuesta por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que busca controlar el territorio y planificar su desarrollo desde el gobierno central, disminuyendo las competencias de los gobiernos seccionales lo que, en cierta medida, reduciría los efectos políticos del revés electoral sufrido. “La ley que se tramita es inconstitucional y producto de haber perdido las principales alcaldías del país”, sostiene Paco Moncayo, ex alcalde de Quito.

Amenazas y diálogos
El proyecto de  Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, que pretende que sea el Poder Ejecutivo quien defina estos temas y que son competencia histórica de las municipalidades, se ha convertido en una amenaza para los municipios y prefecturas que están en manos de la oposición, por eso sus autoridades han debido ceder a una serie de acercamientos que emprendió el gobierno con las nuevas autoridades locales, iniciados con un almuerzo en palacio de gobierno, el pasado 6 de marzo, y luego con diálogos encabezados por Viviana Bonilla, nueva titular de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política, nombrada luego de perder las elecciones a la Alcaldía de Guayaquil frente al socialcristiano Jaime Nebot, que va por su cuarto periodo al mando del puerto principal ecuatoriano.

Las conversaciones de Bonilla priorizan el diálogo con las autoridades en las zonas que se ejecutan programas de extracción minera o petrolera, sin poner en debate la extracción misma, sino las formas de inversión local que pueden generar los recursos de la industria extractiva.

En la mira de Bonilla está Guadalupe Llori, prefecta de Orellana, reelecta por el Movimiento Plurinacional Pachakutik; y Guido Vargas, prefecto electo de Sucumbíos por Sociedad Patriótica, pues son vitales las alianzas con estas dos prefecturas, por ser las provincias que producen petróleo y tienen las más altas reservas comprobadas, incluyendo el Bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní.

También están en la mira de Bonilla las provincias del sur del país, en especial Zamora, Morona Santiago, Loja y Azuay, que constituirán el denominado “distrito minero”, y por tanto, también vitales para un gobierno que basa su política en la extracción de bienes naturales.

La tarea de Bonilla no se muestra fácil, pues los triunfos locales, logrados a pesar de la avalancha publicitaria del gobierno y el uso de recursos gubernamentales, han fortalecido la imagen de las autoridades electas y les han dado el espacio político suficiente para exigir compensaciones por la explotación de bienes naturales, aunque aún no se sabe si tomarán partido por los grupos ambientalistas que también los apoyaron con la esperanza de que se opongan a la expansión minera a gran escala en el sur del país y, sobretodo, a la explotación petrolera en el Yasuní, en la provincia de Orellana.
—Noticias Aliadas.


Compartir

Movimiento Plurinacional Pachakutik celebra triunfo electoral en las provincias amazónicas del sur, claves para proyectos gubernamentales de extracción minera. (Foto: Sumak Cuji)
Noticias Relacionadas
Noticias Aliadas / Latinamerica Press
Información y análisis independientes de libre reproducción mencionando la fuente.
Contáctenos a: (511) 460 5517
Dirección: Comandante Gustavo Jiménez 480, Magdalena del Mar, Lima 17, Perú
Correo: webcoal@comunicacionesaliadas.org

Mensajería interna: https://mail.noticiasaliadas.org
Este sitio web se actualiza cada semana.