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BRASIL
Movimientos sociales víctimas de espionaje corporativo
Noticias Aliadas
21/02/2014
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Organismos internacionales de derechos humanos mostraron evidencias del espionaje desarrollado por las empresas Vale y Belo Monte.

El 24 de febrero del 2013, integrantes del Movimiento Xingú Vivo Para Siempre en el nororiental estado de Pará, descubrieron que un nuevo miembro identificado como Antônio se encontraba grabando una reunión de planificación en la que participaban organizaciones ambientales y de derechos humanos locales e internacionales, incluyendo Amazon Watch, Justicia Global y el Instituto Socioambiental, que acompañan al movimiento y a las comunidades afectadas por la represa Belo Monte y exigen al Consorcio Constructor de Belo Monte (CCBM) que cumpla con las leyes y respete los derechos humanos.

Antônio reveló que había sido contratado por CCBM para espiar al movimiento y que había enviado a un funcionario del consorcio fotos e información sobre los participantes y las reuniones a las que había asistido.
De igual forma, integrantes de la organización Justiça No Trilhos, que defiende a comunidades afectadas por proyectos mineros, también fueron víctimas de espionaje por parte de la minera Vale desde el 2008. Un ex director de seguridad de la empresa, identificado como André Almeida, en audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado llevada a cabo en octubre del 2013, aportó datos de los vínculos entre la Vale y el gobierno, que incluían el apoyo de agentes de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN).

Misión de investigación
Estos dos casos fueron investigados por una misión de la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) realizada del 9 al 14 de febrero, llegando a la conclusión de que Vale y CCBM incurrieron en “delitos de corrupción, acceso a la información confidencial, grabaciones clandestinas, usurpación de identidad, acceso ilícito a bases de datos públicos y despido infundado de empleados”.

“Estos delitos se habrían llevado a cabo con la complicidad de agentes del Estado”, señala la FIDH en un comunicado. “Algunos documentos demuestran sobornos a agentes del Estado y posible apoyo de la ABIN en el caso de Belo Monte y de agentes de la ABIN jubilados en el caso de Vale, todo esto en contra de actores y organizaciones no gubernamentales consideradas por estas empresas como posibles trabas a sus actividades”.

En declaraciones al término de la misión, el abogado francés Alexandre Faro reveló que “Vale gasta de 200,000 a 500,000 reales [US$84,000 a $210,000] para investigar a los movimientos sociales”, agregando que la empresa tuvo acceso a Infoseg, la red de datos personales de organismos gubernamentales, “lo cual es absolutamente ilegal [y] muestra que funcionarios de empresas estatales son probablemente cómplices”.

Los integrantes de la misión se reunieron con organizaciones sociales víctimas del espionaje, representantes del gobierno y del Poder Judicial, entre otros.

Jimena Reyes, responsable de la Oficina de las Américas de la FIDH y encargada del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, dijo que “la cuestión del espionaje practicado por las empresas multinacionales contra los movimientos sociales en Brasil pone en el punto de mira la falta de respeto de estas empresas por los derechos humanos. Estas actuaciones tienen como efecto socavar la libertad de expresión y de disentir, pilar esencial de un Estado democrático”.
—Noticias Aliadas


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