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PERÚ
Retroceso en la implementación de la consulta previa
Magali Zevallos Ríos
24/05/2013
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Gobierno se niega a publicar base de datos sobre pueblos indígenas y excluye de procesos de consulta a comunidades de costa y sierra donde está concentrada actividad minera.

La aplicación de la Ley de Consulta Previa a Pueblos Indígenas sobre medidas legislativas o administrativas que los afecte directamente, en vigencia desde hace poco más de un año, viene teniendo enormes retrocesos en el Perú. Bajo el paraguas de la caída de los precios de los metales y la desaceleración del crecimiento económico de China y Europa, a fines de abril el gobierno exoneró temporalmente de la consulta previa a 14 proyectos mineros ubicados en la costa y sierra del país y que se encuentran en fase de exploración.

Tras las declaraciones del presidente Ollanta Humala el 28 de abril, quien afirmó que las comunidades indígenas con derecho a la consulta se encuentran en la selva y no en la costa y sierra, han salido los voceros del gobierno con el discurso de que un país competitivo no puede poner trabas a la inversión. Con la premisa de la reducción de la pobreza, el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) Jorge Merino señaló que “tenemos un stock de inversiones mineras por US$54 millones” y que éstas deben desarrollarse en el menor plazo posible para seguir recaudando fondos para los programas sociales impulsados por el Ejecutivo.

El actual gobierno había dado importantes pasos con la ley y reglamentación de la consulta previa, aunque esta última recibió cuestionamientos de los pueblos indígenas porque no recogió sus aportes. En setiembre del 2011 Humala promulgó la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y Originarios en un acto simbólico en la ciudad nororiental de Bagua, lugar donde fallecieron 34 personas, entre policías y civiles, tras un violento enfrentamiento ocurrido en junio del 2009 a consecuencia de una protesta contra la promulgación de una serie de decretos legislativos emitidos por el entonces presidente Alan García (2006-2011) con los que pretendía abrir las tierras amazónicas indígenas a la inversión privada sin haberles consultado.

“La promulgación de la ley en Bagua parecía marcar una nueva relación con los pueblos indígenas, pero empezó a primar el discurso de que los pueblos indígenas y la consulta previa constituyen trabas a la inversión”, señala a Noticias Aliadas la congresista Verónika Mendoza, presidenta del grupo de trabajo sobre el seguimiento a la implementación de la Ley de Consulta Previa del Congreso de la República.


Conflictos por concesiones
El interés de excluir a la costa y sierra del proceso de consulta se debe a que en estas regiones se encuentra concentrada la actividad minera del país. El mapa de proyectos mineros del MEM reporta que en la costa y la sierra hay 50,516 concesiones mineras vigentes, mientras que en la selva sólo 3,754.

El mapa de superposición de las tierras de las comunidades campesinas y nativas amazónicas con las actividades mineras —incluido en el más reciente Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, publicado por las organizaciones CooperAcción, Grufides y Fedepaz en diciembre pasado— grafica que 49.6% del territorio de las comunidades campesinas en la sierra tienen concesiones mineras, y la superposición de la minería en territorios de las comunidades nativas amazónicas sólo representa el 1.4%.

“Si el Estado no aplica la consulta previa en la costa y sierra habrá un escenario de conflictividad que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años”, sostiene Mendoza. “No debemos olvidar penosos episodios por no optar por mecanismos de diálogo, hemos perdido valiosas vidas por la imposición de proyectos extractivos, en el caso Bagua, Cajamarca y Espinar”, en referencia a los conflictos socioambientales contra el proyecto aurífero Conga, en el departamento norandino de Cajamarca, y la mina cuprífera Tintaya, en la provincia cusqueña de Espinar, que dejaron 17 muertos entre fines del 2011 y mediados del 2012.

La legisladora advierte además que las comunidades, amparadas en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, podrían demandar al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Por no respetar el derecho a la consulta tendríamos que asumir todos los costos que implique la denuncia, gastos administrativos, de defensa, indemnización y reparación”, dice.

La negativa del ministro de Cultura Luis Peirano de hacer pública la base de datos de los pueblos indígenas es otro entrampamiento del gobierno para no hacer viable el proceso de consulta, y a un año de aprobarse el reglamento que permitió la entrada en vigencia de la ley en abril de 2012, se desconoce qué poblaciones están sujetas a este derecho.

“Lo único que explica esta resistencia es la avidez de implementar los proyectos mineros”, sostiene Mendoza.

Y esta avidez se cobró la cabeza del viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra Quispe, quien a principios de mayo renunció al cargo por discrepar con la decisión de Peirano.


Pueblos indígenas se sienten traicionados
Otro gesto político de la puesta en marcha del retroceso de la consulta previa en el Perú es que el gobierno a través del MEM está decidido a continuar con el proyecto Cañariaco, de la empresa canadiense Candente Copper, ubicado en el distrito de Cañaris, en el noroccidental departamento Lambayeque. Su población, mayoritariamente quechuahablante, es un pueblo indígena reconocido por la Defensoría del Pueblo y por el propio Ministerio de Cultura, pues el Viceministerio de Interculturalidad lo incluyó en el proceso de capacitación de intérpretes quechuas cuando se inició la elaboración de la base de datos de pueblos indígenas.

Frente a las recientes declaraciones del ministro Merino, de que el proyecto cuprífero va de todas maneras y que la empresa tiene un esquema de diálogo con la población, Florentino Barrios Huamán, presidente de la Comunidad de San Juan de Cañaris, asegura a Noticias Aliadas que en enero del presente año la Presidencia del Consejo de Ministros instaló una mesa de diálogo, pero hasta la fecha no hay un solo acuerdo.

“Cuando el gobierno dice que la empresa tiene un plan de diálogo con la población está confirmando que el Estado no va a escuchar a la población indígena. El Estado nos traicionó, Ollanta Humala nos traicionó, somos una población mayoritariamente quechuahablante, Cañaris existe antes de la República, tenemos títulos y resoluciones que el Estado nos reconoce como comunidad indígena desde el año 1789, si nos imponen su modelo de desarrollo vamos a tener que recurrir ante la CIDH por oponerse a la voluntad democrática del pueblo de Canaris”, dice Barrios, y recuerda que en una consulta popular realizada el 30 de setiembre de 2012, el 95% de su población le dijo no a la empresa minera.

Según el mapa de concesiones mineras elaborado por CooperAcción, organización no gubernamental que trabaja con comunidades afectadas por las industrias extractivas, el 96% del distrito de Cañaris se encuentra concesionado siendo los principales titulares mineros las empresas Cañariaco Cooper Perú, subsidiaria de Candente Copper, y la también canadiense Barrick Misquichilca.

A mediados de mayo, el Ministerio de Cultura anunció la realización de consultas a comunidades indígenas en las regiones de Loreto, en el nororiente, y Puno, en el sur andino. El 23 de mayo se inició en Loreto el primer proceso de consulta previa en el Perú.

Al respecto, la congresista Mendoza aclara que ambas consultas estarán a cargo de los gobiernos regionales y no del gobierno central, pues no se trata de proyectos de gran minería. En el caso de Loreto se trata de la creación de un área de conservación regional para el pueblo indígena Maijuna, y en Puno es sobre la explotación del proyecto Chiquitosa, de mediana minería, con un impacto menos controversial.
—Noticias Aliadas


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Fuente: CooperAcción
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