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PERÚ
Gobierno intenta controlar minería ilegal
Hildegard Willer
31/03/2012
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Decreto prohíbe cualquier actividad minera que no cuente con permisos oficiales.

Cecilio Baca ha construido su imperio sobre una montaña de arena y piedra desde la que se puede mirar un paisaje lunático: cráteres llenos de lodo amarillento constituyen lo que alguna vez fue el lecho de un río. La selva amazónica que hasta hace unos años cubría todo, ya casi no se percibe. Hoy se ven costosos volquetes y excavadoras que extraen la tierra fluvial.

Baca es uno de los llamados “barones de oro” del departamento amazónico de Madre de Dios, fronterizo con Bolivia y Brasil, alguna vez conocido por su gran biodiversidad  y hoy afamado por ser el centro de la fiebre de oro que está arrasando con los bosques tropicales. Soldado en su juventud, Baca fue uno de los primeros a asentarse en la selva hace más de cuatro décadas para extraer oro. Hoy es uno de los más ricos y el patriarca de otros “barones del oro”, hombres y algunas mujeres que se han hecho millonarios gracias al elevado precio del oro y la ausencia del Estado en lugares remotos del Perú.

Entre 30,000 y 40,000 mineros ilegales operan en Madre de Dios; unos 100,000 a 200,000 lo son en todo el Perú. La mayoría son migrantes provenientes de los pueblos andinos que sueñan con alcanzar la misma fortuna que Baca. El cuidado del medio ambiente o de su propia salud preocupa a muy pocos.  Recién ahora el Estado peruano ha tomado cartas en el asunto y quiere regular la minería informal y acabar con la minería ilegal.


Minería insostenible
“Considero muy bueno que el gobierno nacional muestra una cierta continuidad en querer acabar con la minería ilegal”, dice César Ascorra, director de Caritas Madre de Dios y defensor de una minería artesanal sostenible.  Hace dos años, durante el gobierno del ex presidente Alan García (2006-2011), la Marina de Guerra bombardeó algunas dragas —plataformas flotantes para extraer oro del río— que operaban ilegalmente en el río Madre de Dios.

La más reciente decisión del actual gobierno del presidente Ollanta Humala va aún más lejos: el 18 de febrero emitió un Decreto Legislativo 1100 que prohibía cualquier actividad minera que no contaba con los permisos del Estado. Es decir, si no posee concesión minera, estudio de impacto ambiental, seguridad laboral y pago de impuestos, la operación sería prohibida y podría ser intervenida por las fuerzas del orden. Igualmente prohíbe toda actividad financiera o de provisión de insumos —especialmente mercurio, cianuro y combustible— para la industria de la minería ilegal.

El cambio —si se logra aplicar esta política— sería grande porque hasta ahora los mineros artesanales aplican una diferenciación entre mineros informales y mineros ilegales que es bastante rebuscada. Con la sola presentación de un petitorio de concesión a la Dirección Regional de Minería del Ministerio de Energía y Minas, el minero recibe una constancia con la cual ya puede operar mientras su solicitud está en trámite de formalización, proceso que puede durar años. Con la solicitud presentada ya deja de ser ilegal y se convierte en minero informal aunque no se atiene en su trabajo a ningún reglamento ambiental, laboral o impositivo. El Decreto Legislativo 1100 pone fin a esta diferenciación y causó por esto mismo fuertes reacciones entre los mineros.

“Cuanto mucho serán 10 operaciones mineras en Madre de Dios que tienen todos sus papeles en regla y que cumplen con  todos sus pagos de impuestos”, estima Ascorra.

Muertes en protestas
Hasta mediados de marzo, los mineros artesanales y pequeños del Perú —entre ellos varios que operan con maquinaria pesada y hace tiempo dejaron de ser artesanales— bloquearon carreteras en diferentes puntos del país y suscitaron enfrentamientos entre policía y mineros.

En Madre de Dios tres personas murieron en las protestas. El gobierno peruano accedió a una mesa de diálogo que tuvo como resultado el otorgamiento de una tregua de un año para que los mineros se formalicen.  En la práctica, este acuerdo presenta varios desafíos: el Estado —tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales— deben poner a disposición los recursos y el personal suficiente para implementar este proceso de formalización. Sin embargo, la intervención gubernamental sobre  la cadena de insumos (mercurio, cianuro y combustible), pero también sobre la maquinaria pesada como volquetes, excavadoras o taladros eléctricos, vendida legalmente por reconocidas empresas extranjeras, no es nada fácil y se tropieza con la corrupción reinante.

Ascorra teme que la tregua de un año sirva como pretexto para que los mineros sigan fortaleciendo su labor ilegal.

“Es lo que hemos visto varias veces, los acuerdos logrados en las mesas de diálogo se usan para intensificar la extracción de mineral dentro del plazo dado”, dice.

En Madre de Dios, la situación es crítica: se estima que unos 15,000 mineros siguen trabajando en la zona de amortiguamiento de la reserva nacional Tambopata, una zona donde la minería está prohibida tajantemente. Ante la amenaza de ser desalojados y su maquinaria destruida, varios mineros ilegales ya se están desplazando a otros terrenos y disputando el espacio a mineros que se encuentran en vías de formalización.

Baca y los barones del oro, igual que la multitud de campesinos que dejan sus tierras en búsqueda del oro, reclaman que son formales y se atienen a la ley. Pero su visión de lo que es la ley dista mucho de la que tiene el Estado peruano y será aún motivo para muchos conflictos.
—Noticias Aliadas.


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Mineros informales remueven los lechos de los ríos amazónicos en busca de oro. (Foto: Hildegard Willer)
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