Notas Breves 22/07/2010 Argentina, Colombia, Uruguay, México, Cuba, Haití, Panamá, Surinam

Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en autorizar el matrimonio homosexual a nivel nacional y el décimo en el mundo. El Senado aprobó el 15 de julio una ley que equipara los derechos de las parejas homosexuales con los de las heterosexuales, incluyendo herencia, beneficios sociales, adopción y fertilización asistida, e incluye cambiar en el Código Civil la fórmula “marido y mujer” por la de “contrayentes”. Colombia y Uruguay reconocen uniones civiles entre personas del mismo sexo, que les otorgan sólo ciertos derechos, y en México sólo el Distrito Federal acepta el matrimonio homosexual.

El gobierno de Cuba decidió el 7 de julio poner en libertad de forma gradual a 52 disidentes presos y trasladarlos a España. La medida fue producto de una negociación entre autoridades gubernamentales y representantes de la Iglesia Católica iniciada a mediados de mayo. Al día siguiente, el opositor cubano Guillermo Fariñas levantó la huelga de hambre que mantenía desde el 24 de febrero. Los opositores, considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional, forman parte del llamado “Grupo de los 75” que fueron apresados en marzo del 2003 y sometidos a juicios sumarios, siendo sentenciados a penas de entre 14 y 30 años de cárcel por “atentar contra la independencia y economía de Cuba”. A fines de julio las autoridades cubanas anunciaron que se podría poner en libertad a todos los presos políticos en la isla, aunque no se conoce el número exacto.

A seis meses del terremoto que devastó Haití el 12 de enero, poco se ha hecho en la reconstrucción del país y más de 1.6 millones de personas continúan sin hogar. Según Leslie Voltaire, enviada especial del gobierno haitiano ante las Naciones Unidas, su país sólo ha recibido el 2% de los US$907 millones que varios países se comprometieron a entregar. Entre los pocos que han cumplido con su compromiso están Brasil y Colombia. Un reciente informe de la organización internacional Médicos sin Fronteras, señaló que la ayuda humanitaria sólo alcanza “para mantener viva a la población, pero no está siendo satisfactoria para paliar algunas de las principales necesidades”, incluyendo vivienda, alimentación, salud y saneamiento.

El gobierno de Panamá se vio obligado a posponer el 12 de julio la entrada en vigencia de la Ley 30 que recorta los derechos laborales y reduce los controles gubernamentales en materia ambiental, cuatro días después que dos personas resultaran muertas y 120 heridas en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica, por la represión de las fuerzas policiales contra trabajadores que demandaban la derogación de la norma promulgada por el presidente Ricardo Martinelli a mediados de junio. Dirigentes de organizaciones laborales anunciaron que el movimiento sindical continuará movilizado hasta la derogación de la Ley 30. Miguel Edwards, coordinador del Consejo Nacional de Trabajadores (CONATO), propuso la creación de una comisión independiente, con participación de organismos internacionales y la sociedad civil panameña, para que investigue las muertes de los trabajadores.

El ex líder militar Desi Bouterse, de 64 años, quien en 1980 dirigió la llamada “Revolución de los Sargentos” en Surinam que derrocó al presidente independentista Johan Ferrier (1975-80), y hombre fuerte del régimen dictatorial que gobernó el país hasta 1990, fue elegido presidente el 19 de julio por el Parlamento surinamés con 36 de los 51 votos, en reemplazo de Ronald Venetiaan (2000-2010). La alianza Mega Combination de Bouterse, que ganó las elecciones parlamentarias del 25 de mayo, se alió en el Legislativo con la coalición A-Combination de su antiguo adversario Ronnie Brunswijk, quien fue cabecilla de un grupo guerrillero que combatió al gobierno militar. El nuevo mandatario, que gobernará hasta el 2015, ha sido acusado de haber ordenado una masacre de opositores, incluyendo periodistas y políticos, en 1982 y en 1999 fue condenado en Holanda en ausencia a 11 de años de cárcel por tráfico de drogas.