Congreso aprueba ingreso de buques de EEUU 08/07/2010 Oposición sostiene que actividades estadunidenses contra tráfico de drogas amenazarán soberanía nacional.

La Asamblea Legislativa de Costa Rica dio luz verde el 1 de julio al ingreso de 46 buques de guerra estadunidenses y 7,000 infantes de marina a aguas territoriales costarricenses para vigilar el narcotráfico. La oposición señaló de inmediato que impugnaría la medida.

La presencia militar en Costa Rica, que en 1948 abolió su Ejército, es un tema espinoso. Legisladores de oposición y activistas dijeron que permitir el ingreso de fuerzas armadas estadunidenses al país es una amenaza a la soberanía costarricense.

Sin embargo, la presidenta Laura Chinchilla, ex ministra de Seguridad Pública que se comprometió a incrementar el financiamiento para los programas de lucha contra el crimen y el tráfico de drogas y asumió el cargo el 8 de mayo, dijo que es necesario combatir el narcotráfico, que está usando cada vez más a Costa Rica como punto de almacenamiento y de embarque de cocaína desde los países andinos hacia México y finalmente a EEUU.

Con 39 de los 57 legisladores presentes, la medida se aprobó por 31 votos a favor y 8 en contra.

El permiso se basa en un convenio bilateral de lucha contra las drogas firmado entre ambos países en 1999, pero las críticas a la presencia militar estadunidense en los últimos años llevó a que fuera enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación

El convenio será válido del 1 de julio al 31 de diciembre de este año.

Menos de una semana después que la medida se aprobara, el opositor Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó una impugnación ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para declararla inconstitucional.

“Al intervenir fuerzas militares norteamericanas en las actividades de patrullaje conjunto, al margen de lo que expresamente establece el convenio, la Asamblea está autorizando la participación militar extranjera en labores policiales, lo que está expresamente prohibido por la Constitución”, dijo el PUSC en un comunicado.

La oposición a la presencia militar estadunidense en América Latina ha crecido en los últimos años, mientras Costa Rica busca alternativas para incrementar sus operaciones antidrogas, especialmente en el Pacífico.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa se negó a renovar un convenio de 10 años que expiró el año pasado y que permitía a EEUU realizar operativos de vigilancia desde la base aérea de Manta.

Sin embargo, Panamá, el vecino del sur de Costa Rica, aceptó que EEUU incremente sus operaciones desde dos de sus bases militares. El año pasado, Colombia, el principal productor de cocaína del mundo y el mayor receptor de ayuda militar estadunidense en América Latina, autorizó el uso de siete de sus bases por parte de las fuerzas armadas de EEUU. —Noticias Aliadas.