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Indígenas se movilizan contra informe oficial sobre Bagua
24/02/2010
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Reclamos incluyen cese de persecución a líderes nativos y poner fin a concesiones mineras y petroleras en sus territorios.

Miles de indígenas marcharon pacíficamente el 22 de febrero por las principales ciudades amazónicas del país en rechazo al informe gubernamental sobre los trágicos enfrentamientos entre policías y manifestantes indígenas en la ciudad nororiental de Bagua el 5 de junio del 2009, que dejaron 33 muertos (10 indígenas y 23 policías).

El día anterior a la marcha, el Ejecutivo autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía en la región amazónica “para proteger a la población de las amenazas a su seguridad”.

En un comunicado, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a la mayoría de las comunidades indígenas amazónicas, informó que “a pesar de que el gobierno decidió mal en militarizar las principales ciudades de la Amazonia, mientras que en la capital [Lima] desplegó un inusual número de policías, los pueblos indígenas demostraron que no son violentos y marcharon por las calles en forma pacífica en una plataforma que demandaba el rechazo del informe del Ejecutivo sobre los lamentables hechos de Bagua y el retorno inmediato del apu [líder tradicional] Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP”.

Tras los hechos de Bagua, las autoridades gubernamentales emitieron una orden de arresto contra Pizango, quien se encuentra asilado en Nicaragua.

El documento, elaborado por el Grupo de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, creado por el gobierno peruano tras los enfrentamientos en Bagua, fue presentado públicamente el 12 de enero. AIDESEP y otras organizaciones indígenas y de derechos humanos rechazaron el informe —que buscaba esclarecer los hechos de violencia, sus causas y sus consecuencias, y dar recomendaciones— por considerarlo parcializado al haber prácticamente exculpado al Ejecutivo y no haber tomado en cuenta la versión de los indígenas.

Los enfrentamientos de junio se desataron después de varios meses de disputas y marchas de las comunidades indígenas contra el gobierno por una serie de decretos legislativos emitidos por el presidente Alan García, que buscaban abrir la Amazonia a proyectos de inversión a gran escala en petróleo, gas y minería.

La comisión especial que escribió el informe —ocho ministros del gobierno, presidentes de las regiones amazónicas, representantes indígenas y miembros de la Iglesia Católica— admitió que el gobierno de García se apresuró a emitir los decretos legislativos sin consultar debidamente a las comunidades locales.

Saúl Puerta Peña, secretario nacional de AIDESEP, señaló en el comunicado que “esta marcha es la primera de una serie de movilizaciones pacíficas hasta lograr que el gobierno y la ciudadanía de la capital entiendan que los pueblos no están protestando por intereses creados, sino por conservar intacto su territorio ancestral”.

Los indígenas reclaman además el cese a la persecución de sus líderes, que se permita el retorno de Pizango, la liberación de los tres nativos encarcelados sin pruebas por su presunta participación en la masacre, y la detención de las concesiones mineras y petroleras en sus territorios.
—Noticias Aliadas.


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