Surgen preguntas mientras retorna la calma Leslie Josephs 18/06/2009 Gobierno cede a demandas indígenas, pero surgen temores de restricción de libertades.

Tomó decenas de muertes persuadir al gobierno del Perú a dar marcha atrás en una serie de decretos legislativos que grupos indígenas de la Amazonia sostenían amenazaban sus tierras, abriéndolas a las actividades petroleras, madereras, mineras y agrícolas sin su consentimiento.

El 15 de junio, 10 días después de los sangrientos enfrentamientos en la selva norte acaecidos el 5 de junio, el gobierno del presidente Alan García anunció que pediría al Congreso la derogación de dos de los más controvertidos decretos legislativos que encendieron las protestas.

Las protestas empezaron más de dos meses antes de que el gobierno de García acordara adoptar medidas conciliatorias con la población indígena.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, anunció que renunciará una vez que haya vuelto la “calma”, probablemente en las próximas semanas, sellando con ello el más grande conflicto político en los tres años que lleva el gobierno de García, cuya línea dura contra las protestas inflamaron aún más los ánimos contra el régimen.

Grupos indígenas y organizaciones de derechos humanos aplaudieron la decisión, pero lamentaron la muerte de 23 policías y 10 civiles en los choques del 5 de junio, según datos de la Defensoría del Pueblo al 16 de junio.

Luego de la decisión gubernamental de pedir al Congreso que revoque los dos decretos, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a las organizaciones indígenas amazónicas, llamó a poner fin inmediatamente a los bloqueos de carreteras que todavía se producían en el país.

“AIDESEP saluda la nueva actitud del Ejecutivo y su proclamada voluntad política de resolver finalmente nuestras demandas”, dijo la organización en una declaración.

El gobierno ha creado una comisión multisectorial, que incluye a representantes indígenas, para debatir los decretos, pero estos pueblos tanto tiempo privados de derechos insisten en que su cultura y valores sean tomados en consideración.

“Los pueblos indígenas tenemos que ser parte del desarrollo del país, no estar excluidos de todo este proceso”, Lidia Rengifo, presidenta de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central, dijo en una entrevista a Radioprogramas. “Es bien claro que los pueblos indígenas tenemos diferentes maneras de ver el desarrollo”.

Pero pese a estos avances, organizaciones civiles y de derechos humanos han señalado que el gobierno de García está “conculcando” ciertas libertades.

El 14 de junio, el prominente abogado de derechos humanos Carlos Rivera Paz fue detenido bajo la acusación de haber presentado firmas falsas para inscribir a un partido político ante el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Rivera Paz, que encabezó el juicio civil contra el hoy encarcelado ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) por violaciones a los derechos humanos, y que está investigando el rol de García en la masacre del penal de El Frontón cometida en 1986 durante su primer gobierno (1985-1990), fue liberado al día siguiente, pero la ONPE dijo que nunca presentó ninguna denuncia contra él.

Algunos grupos vienen quejándose de que la libertad de prensa también está en riesgo ahora, después que el gobierno revocó la licencia de Radio La Voz de Utcubamba en la selva norte.

“Es extraño porque no se trata de un medio que trabaja de forma ilegal” dijo Adriana León Cantella, del Área de Libertad de Prensa de la organización no gubernamental Instituto Prensa y Sociedad. “La radio está acogiéndose a las leyes”.
León dijo que durante los enfrentamientos, la emisora había dado micrófonos a gente que estaba buscando a sus seres queridos, y que había actuado imparcialmente.

El gobierno peruano también se las está tomando con las organizaciones no gubernamentales, y está por aprobar un proyecto de ley que recortaría fondos a ciertos grupos que, dice, están causando agitación.

Stephen Corry, director de la organización pro-indígenas Survival International, dijo en una declaración: “En vez de preocuparse por las actividades de las ONG, las autoridades y congresistas peruanos deberían estar seriamente preocupados por lo que los acontecimientos de los últimos 11 días han hecho a la reputación internacional del Perú, que está hecha jirones”. —Noticias Aliadas.